La titular del Juzgado número 5 de Santander ha acordado prorrogar la instrucción del procedimiento iniciado por la presunta trama de Carreteras de Cantabria, por la adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios de la región, durante seis meses más, hasta el 1 de abril de 2025.
Lo ha decidido así en un auto, dictado esta semana y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la magistrada titular del citado órgano judicial explica que esta tercera prórroga de la investigación que dirige obedece a que las actuaciones se encuentran pendientes de parte de las declaraciones de los investigados, cuya práctica comenzó el pasado 19 de septiembre y aún no han finalizado.
También, de la ratificación de los informes periciales económicos aportados por una de las defensas por parte de los peritos de una empresa que presta servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio.
Y a lo anterior hay que añadir que las defensas han anunciado la futura aportación a la presente causa de diversos informes periciales, tanto económicos como relativos a los expedientes administrativos que están siendo investigados a la vista del contenido del informe final emitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal UDEF-BBCA.
Así las cosas, la magistrada concluye en su resolución, consultada por esta agencia, que "resulta previsible que no será posible finalizar la presente instrucción" en el plazo máximo de los doce meses señalado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde el inicio del procedimiento -octubre de 2022- y tampoco en el de seis establecido en el anterior auto de prórroga de la instrucción, con fecha del 3 de abril de este año.
De esta manera, se prolongan las pesquisas por esta causa, que se destapó en febrero de 2023 y cuyo principal investigado es el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, el funcionario Miguel Ángel Díaz, presunto cabecilla de la red y que estuvo encarcelado seis meses y que fue apartado de su puesto de trabajo en la Consejería.
Se le atribuyen delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, que podrían suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.
En la trama estarían también involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas del sector en la región que igualmente están siendo investigadas: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina
Pieza separada en Gesvican
Durante la instrucción de esa causa, por la supuesta trama de Carreteras, se ha abierto una pieza separada del caso, por presunto fraude en la contratación pública y cohecho, que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander.
Entre los investigados en este segundo supuesto figura personal de la empresa Gesvican, dependiente de la misma Consejería del Gobierno regional.
