El Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Cantabria y ha aceptado la petición para ampliar la investigación a las personas jurídicas, con el fin de analizar la petición de apartar a las empresas presuntamente implicadas en el caso de corrupción protagonizado por un funcionario del servicio de carreteras de los procesos en los que éste participó y que en este momento se encuentran en marcha.
Las empresas tienen ahora un plazo para personarse en la causa con abogado y procurador y, una vez personadas, las partes serán convocadas a una vista en la que podrán alegar sobre la prohibición de contratar solicitada por el Gobierno al considerar que no sería responsable contar con ellas a la hora de determinar la adjudicación de los expedientes en los que intervino el funcionario detenido.
