Un "gran pacto social" y político en materia de Justicia ha sido la petición realiza por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, en la apertura del Año Judicial en Cantabria. Del Moral ha apostado porque "este pacto sea producto del diálogo entre las fuerzas políticas y de las consultas a los operadores jurídicos, que suponga superar intereses y que suponga poner el foco en la mejora de la Administración de Justicia”.
Para el presidente del TSJ, “si llegamos a alcanzar este pacto algún día no muy lejano conseguiremos el objetivo obligado de renovar el Consejo General del Poder Judicial, cambiar el sistema de elección de vocales judiciales, mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras, agilizar los procedimientos y, en general, la mejora de nuestro servicio público de Justicia”. Y ha recordado que si en diciembre no se cumple la renovación del CGPJ, el mandato se extenderá 10 años.
Por otra parte, ha hecho referencia a las “imputaciones que han hecho determinados cargos públicos” a magistrados o magistradas de “haber resuelto determinados recursos no conforme a lo que se establece en la ley sino conforme a otros criterios”. “Se ha hablado de machismo, de justicia patriarcal”, ha añadido.
En este sentido, López del Moral ha señalado que “está bien claro que en nuestro país no somos los magistrados y magistradas quienes tenemos interés en dejar sin efecto condenas impuestas por sentencia firme, porque el único interés del Poder Judicial es aplicar estrictamente la ley”.
“Y a eso nos dedicamos con esfuerzo y lo hacemos con absoluta lealtad al resto de poderes del Estado, porque entendemos que esa cooperación es fundamental para el mantenimiento del Estado de Derecho”, ha añadido.
Aumento de los delitos cometidos por menores
En el acto también ha intervenido la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, quien ha subrayado el suficiente material probatorio que presenta la fiscalía en los juicios y que consiguieron el pasado año un nivel de sentencias condenatorias del 77 por ciento en los Juzgados de lo Penal y del 76 por ciento en la Audiencia Provincial.
Además, ha destacado el incremento que se ha producido en delitos contra la integridad física, contra la libertad sexual o las estafas por internet, y ha puesto el acento en el aumento de los delitos cometidos por menores, fundamentalmente de tipo sexual y tráfico de drogas.
En este sentido, ha señalado que se detecta un mayor consumo de sustancias estupefacientes de manera habitual por parte de los menores, hasta el punto de que se han multiplicado por cuatro los delitos contra la salud pública cometidos por esta población.
Junto a ello, ha subrayado el llamativo incremento de la delincuencia cometida por menores que tienen menos de catorce años y que, por ello, son inimputables: 113 casos durante el pasado año, lo que ha considerado como “absolutamente preocupante”. Además, ha pedido más medios para poder desatascar procedimientos y la instalación de cámaras Gessel en los interrogatorios a los menores
Durante el acto, se han entregado unos reconocimientos concedidos por el Consejo General del Poder Judicial a los miembros de la carrera judicial que cumplieron 25 años de ejercicio profesional durante el pasado 2022. Se trata del titular del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Santander, el magistrado José Hoya Coromina, que ha recogido la distinción de manos de López del Moral.
No ha podido recoger su diploma el también reconocido Juan José Gómez de la Escalera, magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
El acto ha contado con la presencia de la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la delegada del Gobierno en la comunidad, Ainoa Quiñones; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.
Además, también ha asistido los representantes de los colegios profesionales de la Abogacía, la Procura, los Graduados Sociales y los Registradores, así como de la Abogacía del Estado, de la Seguridad Social y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
