Las organizaciones ecologistas no querían hacer declaraciones porque estaban analizando el calado de la medida adoptada por Cantabria: cazar 10 lobos sin la autorización previa del Ministerio. Decisión a la que se sumaron después Asturias y Castilla y León.
Después de analizar las resoluciones, WWF anuncia que lleva al Gobierno a la Fiscalía porque, según sus servicios jurídicos, la eliminación de animales protegidos no está justificada ni siquiera como medida excepcional.
La organización afirma que Cantabria se sigue aferrando a un modelo obsoleto que se centra en matar lobos con la excusa de reducir daños al ganado, algo que está científicamente demostrado que no funciona y que, además, ha sido inútil en años anteriores cuando se han llevado a cabo estos controles.
La organización ecologista pide la Fiscalía General de Medio Ambiente para que investigue el incumplimiento de la normativa vigente y un posible delito contra la fauna y para que recabe toda la información sobre todas las personas que van a tomar parte directa o indirectamente en la muerte de estos diez lobos.
Además, estudian otras medidas legales para tratar de impedir que se maten lobos en pleno período reproductor.
