Fuentes judiciales han confirmado a Efe que hoy se ha presentado esta querella criminal ante la Sala de lo Civil y Penal, que tendrá que decidir si la admite a trámite o no.
La querella se presenta por presunto delito electoral y de prevaricación administrativa, por las "ilícitas actuaciones y múltiples irregularidades" que, según los querellantes, se produjeron en el proceso por el que Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta del PP cántabro.
Además de Buruaga, González Revuelta y Sánchez, la querella se dirige contra "todas las personas físicas y jurídicas que puedan ser responsables penal o civilmente de los hechos que se relatan".
Entre los hechos que se describen como presuntamente constitutivos de delito, se habla del pago de cuotas a 491 afiliados del PP de Laredo, la inclusión "arbitraria" de afiliados como compromisarios en el proceso de primarias, o la exclusión, "sin motivo legal alguno", de otras personas dentro de la circunscripción de Laredo.
La querella se presenta ante la Sala de lo Civil y Penal porque es el órgano que tiene que investigar y enjuiciar los asuntos que afectan a aforados, y la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ostenta esa condición porque es diputada regional.
COMUNICADO DEL PP
Ante las informaciones sobre la presentación de una querella criminal contra la presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la secretaria autonómica, María José González Revuelta, y la gerente, Jesusa Sánchez, la dirección del partido manifiesta lo siguiente:
1- La querella ha sido presentada esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y todavía no ha sido notificada al Partido Popular, que sólo conoce los fundamentos a través de los medios de comunicación.
2- Los querellantes aluden a unos hechos que ya fueron objeto de una denuncia y, por lo tanto, juzgados tanto en primera instancia como ante la Audiencia Provincial de Cantabria, que decretó el archivo y sobreseimiento al no ser constitutivos de infracción penal alguna.
3- La querella responde a una estrategia de acoso judicial diseñada al día siguiente del Congreso Regional por quienes se niegan a asumir el resultado democrático. Sus promotores saben que no va a prosperar y utilizan los tribunales al servicio de una estrategia política de desgaste de la dirección regional.
4- Se confirma que los promotores de esta estrategia no quieren la reconciliación, sino dinamitar la confianza y destruir a la organización. Ni quieren ni han querido nunca al Partido Popular, que han utilizado en su propio beneficio
La dirección regional pide que se ponga fin a esta estrategia de acoso político, judicial y personal, que la inmensa mayoría de los integrantes de la organización rechazan por completo