La Policía Nacional y la Guardia Civil, en la Operación conjunta "BISMARK-PANTENE", en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete, han detenido a seis personas e investigado a otras cuatro como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en situación irregular, que se había asentado en la localidad albaceteña de Hellín.
En junio de 2023 los agentes de ambos cuerpos tuvieron conocimiento de la posible existencia de una organización criminal que pudiera estar dedicándose a la explotación laboral de inmigrantes en situación irregular y se habría asentado en las localidades de Hellín (Albacete) y Sedaví (Valencia).
Ciudadanos de diferentes provincias
Estas primeras informaciones apuntaban a que un individuo acudía regularmente a un bar céntrico de la localidad de Hellín a horas intempestivas, citando allí a ciudadanos extranjeros procedentes de diferentes provincias, a los que seleccionaban y distribuían en cuadrillas. A continuación, miembros de la misma organización los distribuían en diversas fincas agrícolas de la localidad, sin importarles que los mismos tuvieran documentación legal para residir o trabajar en territorio español. Posteriormente, cuando los empresarios abonaban a las cuadrillas las horas de trabajo realizadas, este individuo retiraba a cada uno de ellos una cantidad abusiva de dinero, con la cual se lucraba la organización delictiva.
Les cobraban comisiones por gestionar el contrato y el material de trabajo
La organización imponía a los explotados unas duras condiciones laborales, alcanzando en algunas ocasiones las doce horas y sin posibilidad de descanso semanal. Además, les cobraban comisiones abusivas por la gestión del contrato de trabajo, los desplazamientos hasta los lugares de trabajo o el alquiler de equipo necesario para realizar la actividad laboral. Estos cobros hacían que el salario de los trabajadores se viese muy reducido, yendo a parar la mayor parte del mismo a manos de la organización criminal.
Además de las ganancias generadas por la explotación laboral, también obtenían cuantiosos ingresos procedentes del alquiler de inmuebles en la localidad de Hellín, que posteriormente realquilaban a los trabajadores extranjeros en situación irregular, a los que imponían pésimas condiciones de habitabilidad. Tras facilitarles domicilio y lograr su empadronamiento, la organización formalizaba contratos de trabajo falsos y altas fraudulentas en la seguridad social, iniciando así un procedimiento para lograr su regularización por arraigo por los que los extranjeros pagaban entre siete y ocho mil euros en efectivo. Con esta actividad delictiva, la organización favorecía la inmigración ilegal, generando un efecto llamada para otros ciudadanos que pudieran encontrarse en la misma situación.
Aunque hay seis personas detenidas -que pasaron a disposición del Juzgado cde Instrucción número 3 de Hellín- y cuatro investigadas por su participación en estos hechos, no se descartan nuevas detenciones.
