Las Estaciones de Servicio lanzan una nueva llamada de auxilio: en este caso, al Defensor del Pueblo. Insisten en que el Real Decreto Ley (RD-L 6/2022) que determina el descuento en el combustible que pagan los clientes les ha provocado un gran problema de "liquidez". Desde la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio culpan al gobierno nacional y a las principales compañías petroleras de cargarse el libre mercado. Ignacio García Sotos, su vicepresidente, asegura que estos hechos están "pasando desapercibidos", pero que son "las compañías petroleras Cepsa y Repsol las que se están cargando el mercado".
Desde esta asociación provincial tienen claro que este sistema acabará con el margen comercial de las pequeñas gasolineras, especialmente de las instaladas lejos de los grandes núcleos urbanos. Los créditos ICO a los que muchos se acogen para subsistir son una herramienta "insuficiente", según García Sotos porque "si te acoges a más de uno los intereses acaban con tu pequeño margen y acaban con las empresas".
La crisis del carburante ha derivado en el cierre de alrededor de 350 estaciones de servicio a nivel nacional, aunque desde Albacete aseguran que las consecuencias se detectarán en los próximos dos meses.
