Ante el anuncio de un colectivo antielección de concentrarse frente a la clínica acreditada de Albacete para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, desde Unidas Podemos exigimos a la Subdelegación del Gobierno de Albacete que vele por el cumplimiento de la ley y actúe de oficio para impedir esta campaña de acoso tanto a las mujeres como a los y las profesionales de la clínica y denuncie a quien la convoca.
Desde este grupo político recuerden que fue en abril del pasado año cuando entró en vigor la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, a partir de la cual se considera delito el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. El texto señala que “quien para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.”
Con esta modificación se pretendía poner fin a la intimidación, insultos y coacciones que han tenido que soportar miles de mujeres cuando han ido a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, y al mismo tiempo establecer un espacio seguro en torno a las clínicas para garantizar la confidencialidad de estas mujeres.
Que no se permita la campaña
Pero además, la ley recoge que para la persecución de este delito no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal, por lo que desde Unidas Podemos confian en que no se permita llevar a cabo esta campaña de oración y ayuno, y que la Subdelegación del Gobierno de Albacete actúe de oficio denunciando a quien lo está promoviendo a través de una página web a sabiendas de que esta acción vulnera la ley.
Por otra parte, Unidas Podemos quiere hacer hincapié en que la mejor forma de velar por los derechos de las mujeres es garantizar que las IVEs se realicen en los centros de la Sanidad Pública, y una vez más exige al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y a la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, que trabajen para hacerlo posible y se dejen de excusas y de poner obstáculos al cumplimiento de la ley. Asimismo, instan al Gobierno regional a que ponga en marcha programas de educación sexual y corresponsabilidad en la contracepción para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
