El 1 de febrero el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación contra la sentencia que la Audiencia Nacional dictó en enero de 2018 confirmando, a su vez, la sanción de 200.000 euros impuesta a los propietarios de la finca Cabañeros, la familia Aznar-Oriol, por la realización de obras en 2014.
Esta decisión es el cuarto fallo judicial que ratifica la ilegalidad de las actuaciones realizadas en los terrenos y que fueron denunciadas por Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, ha indicado la nota de prensa, que ha agregado que el fallo judicial da la razón a SEO/BirdLife, rechaza "siquiera entrar en el fondo del asunto" y declara que la sentencia de la Audiencia Nacional debe ser considerada firme, según ha dicho la abogada de las organizaciones ecologistas, Cristina Álvarez.
El fallo confirma la ilegalidad de dos obras anexas a la vivienda principal de la finca; un aparcamiento y una campa destinada a la evisceración de piezas de caza.
Los colectivos que denunciaron las obras han lamentado que los titulares de los terrenos hayan dilatado el proceso presentando recursos "en lugar de colaborar con la conservación de un parque nacional de las características de Cabañeros".
Asimismo, las organizaciones ecologistas han reclamado que se apruebe definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros.