En concreto, y según el escrito en el que la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral y al que ha tenido acceso Europa Press, se pide una pena de dos años y medio de cárcel para los cuatro representantes del PP --el alcalde y la concejala de Medio Ambiente de Membrilla siguen en sus funciones- -por unos hechos ocurrido entre mediados de 2013 y 2014.
El fiscal considera probado que los alcaldes y concejales acusados "permitieron y consintieron" los vertidos de dos cooperativas, a pesar de que ellos eran los "máximos responsables" de "controlar y regular", sino que dejaron que se incorporaran a la red de saneamiento de sus municipios vertidos industriales sin pretratamiento y "por tanto con una alta carga contaminante" y, además, "una especial gravedad e incidencia en la calidad del medio receptor".
Y es que los hechos, según narra siempre el Ministerio Fiscal, se descubrieron a finales de 2013 cuando el Seprona detectó cambios en las propiedades organolépticas del río Azuer e iniciaron una investigación que concluyó con un atestado en el que se determinó que dos cooperativas, coincidiendo con la época de vendimia, habían vertido residuos sin tratar al alcantarillado municipal.
Y todo ello, añade, sin que los alcaldes del PP de los dos municipios afectados, ni sus concejales de Medio Ambiente, pidieran informes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para autorizar vertidos ni tampoco le exigieron a las empresas de las que provenían que los trataran previamente.
Considera que los responsables municipales del PP no cumplieron con sus funciones y, además, destaca que esta permisividad con los vertidos al río Azuer es especialmente grave puesto que va al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
"Los vertidos objeto del presente procedimiento contribuyeron a la actual situación de ruptura del ecosistema acuático del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, imposibilitando el normal funcionamiento de sus procesos ecológicos y de su biocenosis", recoge el escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
De hecho, considera que se causaron daños por más de 71.000 euros en la calidad de las aguas del dominio hidráulico por lo que pide que se condene a estos cuatro acusados, así como a los responsables de las dos cooperativas a los que también se acusa, que abonen esa cantidad a la Junta de Comunidades.
Por este presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, la Fiscalía solicita también que se condene a los cuatro cargos del PP a su inhabilitación para ejercer el cargo de alcalde o cualquier otro público relacionado con el medio ambiente.
Manuel Borja es miembro del Comité de Dirección del Partido Popular de Ciudad Real, vocal del Comité del PP de Castilla-La Mancha y presidente del partido en Membrilla, además de vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), en representación de los 'populares'.