Los sindicatos aseguran que bajo el pretexto de modernizar esta normativa en realidad lo que está haciendo el Gobierno es un control político del ámbito judicial, según ha asegurado Carmen Romero, del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia.
Denuncian que se quiere aprobar la movilidad forzosa, prohibir el incremento de plantillas y de medios materiales, y además el personal interino de refuerzo sería cesado en el plazo máximo de 6 meses.
Josefa Cabello, de UGT, y José García Muñoz, de CSIF, lamentan la falta de medios y las condiciones en las que tienen que trabajar los funcionarios de los juzgados de Ciudad Real. Han puesto como ejemplo los continuos fallos que se producen en el sistema informático.
Los sindicatos han convocado una huelga general en la Administración de Justicia el 16 de noviembre, que se unirá al paro que también han convocado los jueces y fiscales el día 19.