Así lo ha asegurado tras valorar como “un hecho histórico” la aprobación del informe de la ponencia ‘Menores sin alcohol’ que, durante más de un año, se ha elaborado en el seno de la comisión para el Estudio del Problema de las Drogas, una comisión creada el 16 de marzo de 2017 ante la preocupación social por el creciente consumo de alcohol de los menores de España que, según los últimos informes, se inician en esta práctica nociva a partir de los 14 años.
El informe, en el que han participado 38 expertos, quedó aprobado con 34 votos a favor y 2 abstenciones, en lo que debe ser el germen de la futura Ley sin Alcohol y Menores sirviendo como instrumento legal para hacer frente a esta “situación perjudicial para todos”.
La diputada nacional ha calificado de “preocupante” que más de la mitad de los jóvenes considere que consumir alcohol los fines de semana no les ocasionará problemas y que un tercio de los menores de 17 años siga reconociendo que se emborracha una vez al mes. Según ha señalado, cada año se producen 360.000 borracheras de jóvenes entre 14 y 17 años ya que el alcohol es la sustancia adictiva más consumida entre menores de 14 a 18 años.
Quintanilla ha apuntado que muchos menores no son conscientes de las suelas físicas que les puede acarrear su ingesta, tales como: problemas hepáticos, deterioro del sistema nervioso central, insuficiencia cardiaca, úlceras en el estómago, inflamación del páncreas y desnutrición, así como trastornos de ansiedad y de personalidad; entre otro tipo de problemas como son el desarrollo cerebral, déficits de memoria que perjudican su proceso académico. Además, ha recordado que el consumo de alcohol genera comportamientos agresivos e influye en el aumento de riesgo de embarazos no deseados y de la contracción de enfermedades de transmisión sexual.
Según refleja el citado informe, el consumo temprano de alcohol está propiciado por factores genéticos, factores de carácter ambiental y por la proliferación del consumo de atracón o bringe drinking.
Entre las medidas a adoptar se propone poner en marcha programas de ocio alternativo, campañas educativas, restricciones a la hora de la venta, elevar impuestos que gravan el alcohol, imponer la tasa cero de alcohol al volante o implicar a la familia y a los propios menores dándoles información sobre cómo prevenir el consumo y sobre modos de reaccionar cuando se presenta el problema, entre otras medidas.
Según ha explicado, el objetivo prioritario de la Ley es retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol hasta lograr el consumo cero en menores, intentar erradicar el modelo de consumo de atracón entre la juventud, contribuir a un cambio cultural que reduzca los consumos de riesgo en la sociedad española, promover acciones preventivas y prohibir el botellón, entre otros muchos.