El auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, se ha emitido tras la intervención de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el Ayuntamiento de Puertollano en mayo de 2018, sobre las obras del campo de fútbol y en el mismo se determina que un total de 20 personas investigadas pudieron cometer, entre otros delitos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos y falsedad en documentos públicos o delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Cinco años después de iniciarse estas investigaciones, la jueza ha emitido el auto, de más de veinte páginas, en el que apunta que se trata de "un grupo de personas organizadas que de forma permanente en el tiempo, y de forma totalmente coordinada han venido realizando actuaciones presuntamente delictivas con ocasión de los cargos que desempeñaban en el Ayuntamiento y en relación con asuntos urbanísticos".
"Entre los investigados existe una auténtica trama u organización,- continúa el dictamen judicial- ya que todos y cada uno de ellos han actuado con total concierto", ha recogido el auto.
La jueza basa sus conclusiones en las diligencias iniciadas por la UDEF, que en su informe tras su investigación iniciada en junio de 2017 señaló que las obras del campo de fútbol de Puertollano, que se inauguró en noviembre de 2010, se realizaron "bajo la apariencia de un contrato de permuta entre la sociedad Proinsa y los entonces alcalde y secretario del Ayuntamiento, contraviniendo la normativa de contratación pública vigente en octubre de 2007".
Según dicho contrato de permuta, la sociedad Proinsa entregaría suelo patrimonial en una de las parcelas del sector IV y el aprovechamiento del 10 % de cesión obligatoria que le otorgaba el plan de actuación, valorado en más de once millones de euros, a cambio de construir para el Ayuntamiento un campo de fútbol valorado en 7 millones de euros más la cantidad de 1,6 millones de euros.
"Durante todo el procedimiento de contratación se eludieron los principios de publicidad y concurrencia , igualdad y no discriminación, y en toda la documentación facilitada se pone de manifiesto que el alcalde, el secretario, los servicios jurídicos y el representante de la intervención de Fondos del consistorio pertenecientes al área de urbanismo, se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo resoluciones con múltiples irregularidades", recoge el auto de diligencias previas.
Asimismo, se especifica que las obras no fueron concluidas por Proinsa, sino que fueron terminadas por otra empresa subcontratada llamada Teconsa.
La jueza apunta el porcentaje de tasas que se debían haber abonado por la empresa adjudicataria de las obras que rondaría el 3,75 % del importe presupuestado de la obra, lo que significa que el Consistorio dejó de ingresar aproximadamente 412.000 euros.
El auto acusa al secretario en funciones y a la letrada del Ayuntamiento de esos momentos de hacer "dejación de sus obligaciones legales e informar de forma favorable a un contrato de permuta que a todas luces se encontraba al margen de la ley".
Asimismo, considera que el aparejador municipal incurrió en "incompatibilidad al ejercer en el sector privado su profesión, además de realizar adjudicaciones a dedo previo consentimiento del alcalde y de su asesor, produciéndose un gasto con cargo al Ayuntamiento de Puertollano a todas luces muy superior al que se obtendría mediante concurso".
En su parte dispositiva, el auto pide que continúe la tramitación de las diligencias por si alguna de las 20 personas implicadas en la trama de campo del Cerrú estuvieran "incurriendo en una comisión de hechos en el seno de una organización criminal".
Por otro lado, el auto pide que se amplíe el objeto de instrucción, por lo que debe "deducirse testimonio" contra el exalcalde, el exsecretario, el exaparejador, la letrada entonces del Ayuntamiento, la sociedad Luisa Calvo Arquitectos y FESAMORA "por si como consecuencia de la obra del campo de fútbol, recibieron algún tipo de cantidad económica por parte de las empresas adjudicatarias y con él adquirieron propiedades para ellos o sus familiares más cercanos".
Igualmente, se pide que se investigue a quien era interventor del Ayuntamiento y al arquitecto municipal por si pudieran ser autores de delitos de malversación de fondos públicos, exacciones ilegales o blanqueos de capital.
Para la juez, "se trata de un auténtico entramado en el que cada una de las 20 personas implicadas ocuparía su rol en base a su cargo profesional para llevar a cabo conductas tipificadas en el Código Penal" y añade que "llama la atención el grado de concierto existente entre todos ellos, algo que evidencia que no era la primera vez que lo llevaban a cabo. Así quedó probado en las obras de la plaza de toros."
