Monroy ha hecho esta afirmación al inicio del juicio que se ha iniciado este lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra ella y dos concejales, acusados de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por permitir vertidos de aguas residuales sin depurar al río Tirteafuera.
La alcaldesa, que se ha negado a contestar a las preguntas de la abogada de la acusación particular, ha llegado a acusar a los ecologistas de “sabotear todo lo hacía” y de” rajar las bombas” del sistema del filtro verde para avisar luego al Seprona”, que aparecía “casualmente cuando había fallas”, aunque luego se ha retractado de esta imputación.
Monroy ha asegurado que el “filtro verde” hasta el 2013 lo gestionaba la Junta y Tragsa y que cuando accedió al Ayuntamiento, en junio de 2011, heredó unas instalaciones en las que había unas bombas y en las que se había cortado la luz eléctrica y que en 2013 la Consejería de Agricultura llamó al Ayuntamiento para decir que abandonaban la gestión del filtro verde, sin ninguna explicación sobre el estado y la gestión de las mismas.
Asimismo ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana “no les dejaba tocar la sala de bombeo”, por lo que tuvieron que pedir permiso para volver a contratar la luz y no recibió respuesta hasta después de un año, y ha reiterado su preocupación por cumplir la ley, algo con lo que estaba “obsesionada”, ha afirmado.
La alcaldesa, que ha tenido que abandonar la sala, autorizada por la presidencia, por la tensión nerviosa en la que se encontraba durante la declaración, ha subrayado que envió más de 300 correos electrónicos a la Consejería “ obsesionada con cumplir los plazos” de construcción de la depuradora y le decían que “no había dinero”.
Asimismo ha recordado que había un proyecto de construir una depuradora conjunta entre Argamasilla de Calatrava y Almodóvar del Campo, que no llegó a “evolucionar”, y que había una autorización provisional de vertido al filtro verde, que se revisó en marzo de 2004 para ajustarse a la normativa vigente.
Monroy ha manifestado que, en 2006, se hizo un proyecto que no prosperó porque no cumplía las condiciones y en 2008 entraron en el circuito de todos los ayuntamientos para conveniar con la Junta la construcción, porque el consistorio no puede asumir el elevado coste de la misma y que contrató a “Sima Ingeniería” para hacer el seguimiento y controlar las aguas que se vertían y se cumpliera la normativa.
La regidora ha subrayado que los dos concejales también acusados nunca han tenido competencias ejecutivas, sino de “organización”.
Tanto la alcaldesa como el concejal de Medio Ambiente desde 2015 hasta al menos abril de 2019, Jesús Manuel Ruiz, y su antecesor en el cargo entre los años 2011 y 2015, Antonio Gil, no implantaron una instalación adecuada a la depuración de aguas residuales urbanas e industriales, al menos desde 2014, a pesar de conocer que no existía y de que estaban obligados a tenerla desde el 1 de enero de 2006.
Para el ministerio público, estos hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que pide que cada uno de los tres procesados una pena de tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, así como al pago de una multa de 20 meses con cuota diaria de 20 euros.
Además, entiende que el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava es el responsable directo subsidiario de estos hechos como titular del vertido, al tener atribuidas las competencias sobre alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
