Esto significaría una importante pérdida de derechos laborales de los trabajadores y su precarización, que miles de familias titulares de pequeñas autoescuelas cierren definitivamente, la proliferación de centros que no estarían sometidos al tutelaje y control de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, y un colapso de la Administración, que traerá aparejado un mal servicio a la ciudadanía.