Según han informado UGT y CCOO, en el encuentro de hoy no ha habido aproximación ninguna, si bien ambas partes se han dado un plazo de 24 horas para fijar fecha para una nueva reunión.
Entre tanto, continua la huelga indefinida iniciada por las trabajadoras el pasado 26 de abril para reclamar un “convenio justo y un salario digno”.
Este ha sido el eslogan más coreado por las doscientas trabajadoras huelguistas que se han concentrado ante la sede del Jurado Arbitral durante la celebración del acto de mediación.
Mañana volverán a concentrarse a partir de las once de la mañana ante la sede de la patronal FECIR. El secretario general de CCOO-CLM, Paco de la Rosa, ha anunciado que se sumará a la concentración.
El impacto laboral de la huelga ha comenzado a notarse desde el inicio de esta semana, tras la suspensión cautelar, por orden judicial, de los servicios mínimos dictados inicialmente por la Consejería de Bienestar Social, titular del servicio, que cifró la atención a prestar a los usuarios en función de unos porcentajes, del 100% al 50% en función del grado de dependencia reconocido a cada usuario, tan desorbitados como inmotivados.
“Hasta la Resolución judicial, los empresarios tenían todo a su favor. El tiempo, el decreto de servicios mínimos, los costes para las trabajadoras… Ahora, las cosas han cambiado. La huelga entró en una nueva fase, con más impacto, por la limitación judicial de los servicios mínimos; y con más fuerza, porque las trabajadoras están indignadas.”
“Esperábamos notarlo en la Mediación de hoy; hemos requerido a la patronal comenzar a negociar aquí mismo, en este mismo acto, ante el jurado arbitral, pero no hacen sino dar largas. No parece que a la patronal le preocupen en absoluto los usuarios. Ni, obviamente, las trabajadoras”, lamentó Carlos García Montoya, secretario de Negociación Colectiva de CCOO-Hábitat de CLM.
El conflicto afecta a unas dos mil mujeres (y a apenas unos poquitos hombres) que prestan la Ayuda a Domicilio a decenas de miles de personas usuarias de numerosas localidades de la provincia de Ciudad Real, a través de las empresas beneficiadas con las contratas ofertadas por los ayuntamientos que han optado por la “gestión indirecta” de este servicio público y esencial.
Todas ellas están pendientes de su convenio colectivo, que perdió su vigencia en diciembre de 2020. Desde entonces sigue sin actualizarse, primero porque la pandemia -durante la que fueron declaradas ‘servicios esenciales’- aconsejó retrasar la constitución de la mesa de negociación; y, después, a partir de junio del año pasado, por la nula voluntad patronal de mejorar los salarios.
En dos reuniones, dieron por agotada la negociación, alegando que la Consejería de Bienestar Social no aumenta los precios públicos que abona por la prestación de este servicio y que las empresas cada vez ganan menos.
Esto no explica por qué las trabajadoras de Ciudad Real son las que menos cobran de las cinco provincias de la región.
De hecho, su reivindicación central es elevar su salario base hasta el salario mínimo, al que solo llegan las que acumulan la suficiente antigüedad.
La patronal se niega a elevar el salario base y plantea llegar al SMI mediante un ‘Plus’ de 51,37 euros, fórmula que las trabajadoras rechazan. Y exigen subidas salariales retroactivas para 2021, que la patronal pretende dejar en blanco.
