El presupuesto en ingresos se ha liquidado con la cifra de 122.322.873 euros y los gastos en 106.384.654 euros. Y el montante que se puede sumar al presupuesto de 2021, según Caballero, asciende a 34,2 millones de euros. Así el presidente quiere que en el Pleno de la Institución que se celebrará este viernes, con la participación de la oposición, se decida el destino de 24,4 millones que se sumará a los 135 millones de euros que contempla el presupuesto aprobado en noviembre pasado para el ejercicio de 2021.
Quedarían pendientes de asignar 9,8 millones de euros, previstos para cofinanciar proyectos de ahorro y eficiencia energética con fondos europeos, dado que se han registrado al IDAE peticiones de la Diputación, por importe superior a los 35 millones de euros.
Así mismo, se incorporarán al presupuesto actuaciones comprometidas en el ejercicio anterior, por importe de 43,5 millones, que se están ejecutando en la actualidad o se van a iniciar en las próximas semanas.
Caballero ha destacado que, a pesar de que el año pasado, como consecuencia de la pandemia, la Diputación movilizó todos sus recursos poniéndolos a disposición de los Ayuntamientos, especialmente con la aprobación de fondos covid, las inversiones en obras municipales y en planes de empleo, lo cierto es que la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2020 ha resultado positiva engrosando aún más los ahorros que se venían acumulando desde 2015.
En este año, por primera vez, desde que el gobierno de Rajoy impusiera en 2013 las reglas fiscales, la Diputación Provincial va a poder hacer uso de sus remanentes al haber suprimido el actual Gobierno de España la aplicación de estas reglas para 2021, por lo que la institución alcanzará una inversión extraordinaria con el mayor volumen de gasto de su historia. Por tanto, podrán incrementar las inversiones destinadas a empleo, carreteras, obras en municipios, digitalización, etc.
Igualmente, se ha procedido a la liquidación de los consorcios RSU y SCIS así como de la Casa de Acogida, generando también ahorro neto positivo, lo que permitirá que tanto RSU como SCIS utilicen estos remanentes para realizar inversiones de mejora y modernización de sus instalaciones, equipamientos y maquinaria para la prestación de un mejor servicio público en sus respectivas competencias.
