De todas formas, el fiscal jefe de la Fiscalía de Ciudad Real, Luis Huete, ha señalado que esta es una provincia segura con índices de criminalidad muy inferiores a la media. El año pasado, se incoaron unas 12.700 diligencias previas, un 7% más respecto al ejercicio anterior.
Huete también ha incidido en el aumento de la carga de trabajo que se registra en la Fiscalía de la provincia y por eso se está intentando aliviar esta situación alcanzando acuerdos con los abogados para que haya conformidad en los asuntos antes de que comience el juicio.
Según recoge la Memoria Fiscal, el número de delitos leves incoados por la Fiscalía de Ciudad Real aumentó en un 13%, los procedimientos ante el Tribunal del Jurado fueron 7 y crecieron un 22% los escritos de acusación.
En cuanto a violencia de género, hubo 405 órdenes de protección y medidas de alejamiento. Mientras, los juzgados de lo penal dictaron más sentencias, 1.600 en total, de las que un 83% fueron condenatorias. Y la Audiencia de Ciudad Real dictó 67 sentencias, 58 de ellas fueron condenatorias.
En lo que a delitos medioambientales se refiere, el año pasaron destacaron 24 por maltrato animal, 17 contra la flora y fauna y 16 por incendios forestales, siendo la imprudencia la causa mayoritaria de los fuegos, según ha dicho la fiscal delegada de medio ambiente, Arancha Vinuesa.
En materia de discapacidad, la normativa ha cambiado y ahora estos casos se denominan “provisión de medidas de apoyo”.
La Teniente Fiscal de Ciudad Real, Carmen Mendiola, ha subrayado que las modificaciones normativas en este ámbito van a obligar a revisar todas las sentencias relacionadas con la discapacidad. Ya hay mas de 500 demandas de revisión en la provincia.
