Se trata de una cifra muy elevada, según ha reconocido en Onda Cero Pablo Almena, responsable de UFD distribución en Ciudad Real y Albacete, sobre todo teniendo en cuenta que el 40% de estas actuaciones corresponden a lo que llevamos de este año.
Recientemente se ha actuado en localidades como Ciudad Real, Tomelloso, Puertollano, Malagón, Bolaños y Porzuna. La mayoría de los fraudes eléctricos tienen que ver por ejemplo con conexiones ilegales a la red de granjas de criptomonedas o plantaciones de marihuana.
La repercusión de este fraude en Castilla-La Mancha supone más de 40 millones de euros al año, es decir, una media de 66 euros por cada cliente.
Pablo Almena asegura que se incurre en este delito por insolidaridad de algunas personas que no quieren pagar el recibo de la luz y significa un quebranto económico para el sistema eléctrico ya que el coste de la energía defraudada recae en el conjunto de los usuarios.
También incide negativamente en la calidad y continuidad del suministro y además las conexiones ilegales generan un grave peligro ya que las personas que lo llevan a cabo no están debidamente preparadas y pueden sufrir accidentes.
