Estudian demanda por "prevaricación" por el freno al ATC
El Ayuntamiento de Villar de Cañas (Cuenca) y el Partido Popular no descartan denunciar por “prevaricación” al Gobierno de Castilla-La Mancha por su gestión sobre el almacén temporal de residuos nucleares (ATC) proyectado en la localidad. Decisión avanzada este lunes, días después la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma la nulidad de la ampliación de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) de El Hito con la que se quería frena la construcción del silo nuclear en este municipio conquense.
Para el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, toda la oposición del PSOE a la construcción de este proyecto “se hizo por hacer daño”.“Eso es prevaricar y abuso de poder", ha opinado el regidor.
El alcalde ha reclamado además al Gobierno de Castilla-La Mancha que “pida perdón” en este sentido, a la vez que ha vuelto a insistir que, aunque el proyecto esté suspendido, el Ministerio de Transición Ecológica nunca les ha asegurado que el ATC no se iba a construir. El ATC se recoge además en el séptimo plan de residuos nucleares del Ministerio de Transición Ecológica.
En una sentencia del Tribunal Supremo que trascendió el pasado viernes, el alto tribunal confirma la nulidad del decreto 57/2016 sobre la ampliación de la zona ZEPA de la laguna del Hito de 1.000 a 23.000 hectáreas decretada por la Junta y que afectaba a la construcción del ATC.
Es más, según Sáiz, está abonando cada año, tanto a Villar de Cañas como los ayuntamientos de la zona, el 3 por ciento de la asignación económica que viene con el silo nuclear.
Por su parte, el presidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, ha manifestado que la sentencia "ha demostrado" que ha habido "una vulneración intencionada de la jurisdicción" ampliando la ZEPA de la laguna del Hito.
Asimismo, ha reclamado al presidente regional, Emiliano García-Page, que pida perdón en el debate del Estado de la Región en las Cortes regionales previsto para esta semana.
También ha acusado a los diputados y senadores del PSOE de ser “aplaudidores pagados” a sabiendas de lo que hacían era “fraude de Ley”.