“¡Que viva la lucha de la clase obrera! o “¡Ni un paso atrás!” han sido algunas de las consignas que han coreado los manifestantes a la llegada del ex diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, poco después de las 10.00 horas.
En declaraciones a los medios, De Quinto ha manifestado que si hay acusados en el banquillo en el juzgado de lo Penal número 1 no es por haber participado en una manifestación pacífica, “sino por todo lo contrario”.
Como acusación particular reclama cuatro años de cárcel para los tres encausados; la Fiscalía 4.500 euros de multa por un delito de coacciones.
En el escrito de calificaciones al que ha tenido acceso Onda Cero Cuenca se precisa que los manifestantes, altavoz en mano, gritaron durante tres horas a las puertas de la Catedral, donde se celebró el enlace: “los corruptos están dentro”, “terrorista”, “hemos venido a joderte la boda”, "la novia brasileña tiene nuez" o “no hay pan para tanto chorizo”.
Una vez finalizada la ceremonia, continúa el escrito de la Fiscalía, los acusados se “abalanzaron sobre el vehículo golpeando fuertemente las ventanillas” y colocaron en el mismo “pegatinas”.
"Derecho a manifestarse"
Daniel de Andrés, portavoz del comité de empresa de la planta de Fuenlabrada (Cuenca) ha defendido el derecho a manifestarse de los trabajadores, afectados por un expediente de regulación de empleo que afectó a 1.200 empleados.
Ha recordado que De Quinto se fue “con un finiquito de 8 millones de euros”, y a “tributar a Portugal”.
Ha confiado en la justicia, en que sean absueltos, a la vez que ha rechazado la "represión sindical".
La concentración de este miércoles ha sido arropada por el coordinador autonómico de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, quien ha opinado que en aquella concentración se defendieron los derechos laborales de los empleados.
Preguntado por su postura sobre los escraches, García Gascón ha opinado que en el caso de la protesta de 2017 fue para reivindicar los derechos de la clase trabajadora.
Sobre los que sufre el líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias son, a su juicio, un “acoso”.
“Un acoso continuado de la ultraderecha que busca amedrentar a las personas que luchan por los derechos humanos”, ha concluido.
