El TSJCM "deja clara la obligación de adoptar medidas de corrección de aquellas instalaciones que causen electrocuciones a la fauna", a propósito de un caso ocurrido en La Herrera (Albacete).
Según ha informado SEO/BirdLife, se trata de un "paso decisivo" para que las empresas energéticas asuman su responsabilidad para controlar una amenaza que ocasiona la muerte a 33.000 rapaces cada año en España "como mínimo". Entre ellas, especies en situación de amenaza. De hecho, la sentencia enjuicia el caso de electrocución de un águila imperial ibérica, una especie catalogada En Peligro de Extinción.
En concreto, el tribunal ratifica una sanción a Iberdrola, titular del tendido, por una infracción muy grave de 100.001 euros y establece el pago de una indemnización por importe de 42.920 euros por la electrocución del ave protegida, en unos hechos que ocurrieron en el término municipal de La Herrera.
"La sentencia es relevante por su novedad, dado que se trata del primer fallo judicial que avala una sanción a una empresa por la electrocución de una especie protegida ocasionada por el daño producido al no subsanar los problemas del tendido. De esta manera, el tribunal confirma la responsabilidad de las eléctricas sobre las posibles afecciones que sus tendidos puedan ocasionar a las aves y, además, incluye la obligación de corregirlos", ha explicado el responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega.
A su juicio, "el fallo judicial abre la puerta a nuevas peticiones de responsabilidad a las compañías, independientemente de si hay fondos públicos o no, para corregir los tendidos". Este extremo es "especialmente importante" puesto que, hasta la fecha, el argumento de la mayor parte de las compañías eléctricas para retrasar la corrección de tendidos eléctricos se basa en que las administraciones competentes no han aportado financiación para cubrir, de forma completa, el coste de la corrección de los tendidos.
En su fallo, el TSJCM afirma que la compañía propietaria del tendido tenía la obligación de presentar un proyecto de adaptación de las líneas eléctricas, que no presentó en el momento de la electrocución del águila imperial. Al no presentar dicho proyecto de adaptación, la empresa adjudicataria incurrió en la omisión negligente de una obligación prevista en la ley. Por ello, la considera responsable de la infracción, una vez acreditado que el deterioro del águila imperial se produjo como consecuencia de no haberse modificado el punto de apoyo, conforme a las exigencias indicadas e impuestas normativamente.
"Esta sentencia evidencia que se puede y se debe exigir a las empresas eléctricas la corrección de los apoyos y la señalización de vanos en los que se tenga constancia de la electrocución o colisión de aves", apunta De la Bodega, quien ha añadido que, "de igual modo, el fallo abre la puerta a exigir a las eléctricas que se eviten nuevos daños ambientales cuando se presuma la existencia de una amenaza inminente de las líneas eléctricas a la avifauna. Bien por su situación o bien por características técnicas que puedan causar la muerte de especies de aves, especialmente si estas están catalogadas como amenazadas".
Según un reciente informe del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), en España mueren al menos 33.000 rapaces al año por esta causa. Unas cifras que para el responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife, Nicolás López, son inferiores a la realidad.
