Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, han desmantelado un grupo criminal especializado en cometer estafas, a nivel nacional, en la compra de productos comestibles a empresas del sector para su posterior distribución en supermercados.
En total, han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras dos en las provincias de Alicante y Murcia por los presuntos delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsedad documental, receptación y pertenencia a grupo criminal.
La Guardia Civil ha localizado y recuperado 1.500 kilogramos de productos adquiridos fraudulentamente, ha informado este cuerpo en nota de prensa.
Origen de la investigación
La investigación comenzó hace más de un año a raíz de la denuncia presentada por una empresa de frutos secos de la localidad de Navalmoral de la Mata (Cáceres) por el impago de una partida de mercancía suministrada.
La investigación llevada a cabo por estos hechos evidenció que la empresa morala había sido objeto de varios delitos de estafa por un importe total de 116.000 euros, desprendiéndose la autoría de los mismos en un grupo de personas que, usurpando la personalidad de distintos administradores o encargados de empresas solventes del sector, realizaban pedidos a nombre de estas, los cuales no llegaban a pagar.
Modus operandi
Llegado el vencimiento del tiempo de pago, la empresa suministradora no podía reclamar los importes convenidos debido tanto a la imposibilidad de contactar con los contratantes como que, al reclamar el pago directamente a las supuestas empresas implicadas, las mismas desconocían de la adquisición de dichos pedidos y del hecho de que hubieran utilizado y usurpado su identidad jurídica.
La actividad delictiva del grupo se enfocaba en pedidos de productos comestibles poco perecederos, como frutos secos (pistachos, anacardos, almendras, nueces) o alimentos envasados (harinas, tomate), solicitando grandes cantidades, de entre 3 y 4 toneladas de peso por pedido.
Las líneas de investigación desarrolladas evidenciaron que el destino final de las mercancías adquiridas fraudulentamente habían sido distintas ubicaciones en las provincias de Murcia y Alicante, para cuyo porte había sido contratado y subcontratado todo un entramado de empresas de transportes.
Incluso se pudo comprobar la realización de trasvases durante los trayectos, siendo los propios conductores los que, en última instancia, recibían instrucciones telefónicas para que cambiaran el lugar de descarga del género, en contraposición al que había sido indicado a la empresa suministradora.
En esta ubicación final, otra persona era la encargada de recoger la mercancía firmando los albaranes, para lo cual usurpaba la personalidad de un tercero haciendo uso del número de su Documento Nacional de Identidad.
Tras la recepción de estos efectos, los mismos eran depositados en pequeños almacenes de las provincias indicadas, desde los que rápidamente eran distribuidos a supermercados de la zona, resultando éste el último escalón del grupo necesario para la consecución de los fines delictivos.
Durante las inspecciones practicadas a estos establecimientos, los responsables de los mismos no pudieron aportar datos correspondientes a la trazabilidad de estos productos, que ya tenían expuestos a la venta al público, no pudiendo, por tanto, acreditar la lícita procedencia de los mismos.
La investigación permitió conocer, además, de la existencia, a nivel nacional, de otras empresas del sector afectadas, en las provincias de Sevilla, Toledo y Asturias, quienes habían sido víctimas de hechos delictivos en los que fue aplicado el mismo 'modus operandi' y en los que estaban implicados los mismos autores.
En el transcurso de la investigación han podido ser localizados y recuperados 1.500 kilogramos de productos adquiridos fraudulentamente a distintas empresas afectadas.
Finalmente, y bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Navalmoral de la Mata (Cáceres), las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil permitieron, el pasado día 25 de octubre, desarticular este grupo criminal organizado, integrado por seis personas y que, ubicado en las provincias de Alicante y Murcia, se había especializado en la presunta comisión de delitos de estafa en la compra de productos comestibles a empresas del sector, para su posterior distribución a supermercados, mediando en ello delitos de usurpación de estado de civil y falsedad documental.
En el marco de esta operación han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras dos y se ha conseguido esclarecer distintos delitos de estafa por un importe total aproximado de 350.000 euros.
