El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico está elaborando un Real Decreto en el que se establecerá el régimen de instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en los dominios públicoshidráulicos, modificando así el texto de la Ley de Aguas.
La realidad, asegura Txema Fernández, es que “ahora contaremos con nuevos espacios de placas fotovoltaicas instaladas en las balsas de agua”.
El responsable regional de Política Institucional de Izquierda Unida, ante esta posibilidad que afecta a las políticas de agua, considera que en la región se “debería optar por un modelo que mejorara la calidad del agua y no por utilizar las que se encuentran en peores condiciones, ya que así se sigue incrementando el negocio de la energía de las grandes empresas distribuidoras que, al final, terminarán explotando los acuíferos para su propio beneficio”.
Porque, explica Txema Fernández, aunque las balsas de agua en las que se pongan estas placas solares no serán las de mejor calidad, “con esta medida se renuncia explícitamente a desarrollar políticas de mejora de la calidad del agua” lo que, una vez más, “evidencia que en este modelo de desarrollo el agua es sólo un instrumento capitalista de las empresas para obtener mayores beneficios”.
En Castilla-La Mancha serán susceptibles de poner placas solares en el pantano de Montoro, en la provincia de Ciudad Real, donde se podrán instalar más de 15 hectáreas de placas solares; el pantano de Vega del Jabalón en el que se podrán ubicar más de 85 hectáreas de placas solares; el pantano de Navalcán, Rosarito y Finisterre, en la provincia de Toledo, donde se van a poder localizar más de 425 hectáreas de placas solares en sus aguas; o el pantano de Camarillas, en Albacete, sobre el que utilizarán cerca de 10 hectáreas para este nuevo modelo de desarrollo.
El informe sobre los posibles efectos negativos en el medio ambiente no será vinculante
Sobre el borrador de Real Decreto al que ha tenido acceso Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, denuncia el responsable regional de Política Institucional que el texto recoge que “la presentación de un informe sobre los posibles efectos negativos en el medio ambiente será preceptivo, pero no vinculante, lo que nos hace sospechar que, al no ser vinculante, será un mero trámite informativo muy en la línea de las nuevas legislaciones de Castilla-La Mancha”, en las que se someten a un somero trámite de voluntades los nuevos desarrollos urbanísticos y empresariales.
Es decir, “valdrá con una declaración de intenciones para poder aprobar el uso de este recurso hídrico para el beneficio industrial de los distribuidores de la energía solar”.
Además, tal y como establece el artículo 6 de este Real Decreto, “no será sometido a concurrencia competitiva las solicitudes de generación eléctrica solar fotovoltaica flotante por el titular de su condición de uso hidroeléctrico, siempre y cuando pretenda aprovechar la instalación fotovoltaica para conseguir energía”.
Y puesto que “ya tenemos experiencia de cómo las empresas productoras de energía eléctrica han vaciado nuestros pantanos para sus fines mercantilistas”, cree Txema Fernández que “este Real Decreto los abre las puertas para que la adjudicación sea directa a las propias empresas”.
Todo ello, alerta el responsable de Izquierda Unida, “en una región donde se están vaciando los pantanos de cabecera en un obsoleto e injusto trasvase Tajo Segura”, realidad ante la que “debemos apostar por políticas de mejora de las masas hídricas evitando la instalación de paneles solares flotantes en lugares donde esas masas tienen peor calidad”.
Porque, asegura Fernández, “una política efectiva de agua en la región pasa por mejorar los recursos hídricos y por no permitir que se sigan atrofiando con un modelo de desarrollo que sólo ha encontrado un mayor espacio para la especulación económica y empresarial”.
