Dado que no existe una concreción sobre lo que significa el ‘manido’ precio asequible que se viene utilizando por las administraciones para el alquiler o compra de viviendas, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, tiene claro que para universalizar el derecho constitucional a la vivienda se debe aplicar la ley.
Se refiere a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda que, subraya Fernández, define con claridad lo que es asequible: un máximo que no suponga más del 30% de los ingresos de las unidades familiares. Por ello, el edil de Izquierda Unida reclama su aplicación a las promociones de viviendas en alquiler o compra que tiene previsto sacar el Ayuntamiento de Toledo de la mano de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), la más cercana la del Salón Rico pero también en Alamillos del Tránsito y Santa Bárbara.
El portavoz de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, que presentará esta propuesta al próximo Pleno municipal, subraya que los datos avalan y urgen la necesidad de aplicar esta normativa. Así, se refiere a las encuestas de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que revelan que la vivienda representa el principal problema para los españoles y españolas, muy por encima de la crisis económica y los problemas políticos.
Además recuerda que la tasa de emancipación se sitúa en 14,8 puntos porcentuales y alcanza su punto más bajo, según refleja la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.
Txema Fernández rechaza que el precio de los alquileres o venta de viviendas estén basados en precios del mercado y reivindica que tengan su reflejo en los salarios que obtiene de su trabajo la población del municipio. En este sentido, y con la mirada puesta en la juventud, remarca la necesidad de aplicar la Ley del Derecho a la Vivienda puesto que el precio medio en alquiler, según la Empresa Municipal de la Vivienda, se sitúa en 794 euros al mes mientras que el salario medio de los jóvenes es de 16.388 euros al año, y el de las mujeres de 14.957 euros al año. “Con estos datos podemos concluir que este colectivo tiene un verdadero problema de acceso a este derecho”, lamenta el portavoz municipal de Izquierda Unida.
