Tras la denuncia realizada por la Plataforma en Defensa del Tajo, critica que los vertidos de toallitas y otros productos de celulosa, junto con algunos envases de plástico, llegan al cauce del río desde una red de alcantarillado “que debe cuidar la empresa adjudicataria, TAGUS, a la cual se le adjudicó un contrato en 2007 para dar servicio de abastecimiento y alcantarillado a una ciudad que según las previsiones iba a crecer hasta los 200.000 habitantes, pero cuando comprobó que no sería así, consiguió que le perdonaran 70 millones de euros de inversión”.
Señala el portavoz municipal de IU Toledo, Txema Fernández, que una vez más se demuestra que TAGUS fue la adjudicataria de la gestión de este servicio municipal con “criterios exclusivamente mercantiles”, aunque, subraya, tiene la responsabilidad de “gestionar el derecho humano al abastecimiento de agua en la ciudad”.
Según ha manifestado el concejal de la coalición de izquierdas en el consistorio toledano, “el perdón de los 70 millones de euros es solo parte de ese proceso de mercantilización del agua en el que se dejó esa inversión para los años posteriores, garantizándose que las obras las ejecutarían ellos mismos. Es un sistema que solo garantiza el beneficio empresarial sin importarles si se producen vertidos por falta de inversión en las infraestructuras que deben gestionar ellos”.
Además, ha indicado que, aunque el concejal del Río Tajo y Medio Ambiente diga que es consciente de los puntos de vertido que existen en la ciudad, tiene que asumir la responsabilidad y prever acciones para “los que se abrirán nuevos derivados de los futuros desarrollos urbanos, como el PAU El Palacio (antiguo PAU del Observatorio), en cuyo proyecto urbanizador no se ha contemplado ningún sistema de depuración de agua de esas 555 viviendas y resto de servicios; vertidos que previsiblemente acabarán en el cauce del río por el desagüe que existe por debajo de la carretera N-403, la Avenida Adolfo Suárez”.
