Se trata de la primera cooperación de una agencia policial europea con el Centro Especializado contra el Tráfico de migrantes y la Trata de Personas que Ameripol ha establecido en Rio de Janeiro. La investigación se inició en junio del 2023 cuando una víctima alertó de la existencia de una red criminal, que estaría especializada en la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad para posteriormente explotarlas sexualmente en casas localizadas en las provincias de Madrid, Málaga y Toledo. Durante el operativo se han intervenidos numerosos contratos laborales, firmados por las víctimas, que ha llevado a los investigadores a hacer una estimación de que cerca de 600 víctimas habrían sido explotadas en el último año en las cuatro casas con las que contaba la red criminal y que actualmente se encuentran clausurados.
Falsas ofertas de trabajo
El entramado se nutría de mujeres vulnerables, en su mayoría de origen colombiano y venezolano, que atravesaban situaciones personales y económicas muy comprometidas en su país de origen. Aprovechándose de esa vulnerabilidad, los explotadores captaban a las mujeres a través de empresas localizadas en el país de origen o a través de los contactos que establecían las “mamis” o encargadas de las casas. A las víctimas les prometían unas ganancias de 5.000 euros a la semana, con unas buenas condiciones de trabajo y con habitación propia para descansar, contrayendo una deuda de entre 3.000 y 4.000 euros con la organización.
Condiciones abusivas
Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día todos los días de la semana, teniendo que estar arregladas cuando eran requeridas para presentarse ante los clientes en un máximo de cinco minutos. Además, tenían prohibido engordar siendo expulsadas de la casa en caso de no cumplir con los cánones de belleza y exigencias precisadas por los líderes de la organización criminal. En las zonas comunes donde residían las víctimas, se encontraron numerosos carteles con estrictas normas que, en caso de incumplimiento, les suponía sanciones económicas de entre 30 y 40 euros.
En el momento en el que las víctimas entraban a trabajar en las casas, los integrantes de la organización les hacían firmar un contrato donde debían ceder sus derechos de imagen, tras lo cual, su imagen aparecía publicada en varios portales web con contenido para adultos.
Insalubridad y férreo control
Las condiciones en las que vivían las víctimas eran de total insalubridad, se encontraban hacinadas en una misma habitación, generalmente en los sótanos de las casas – club, de pequeñas dimensiones, con las camas separadas por cortinas y con poca ventilación. Estas condiciones contrastaban con la parte de la casa destinada al ejercicio de la prostitución, de la cual se cuidaba todo lujo de detalles. Las víctimas eran supervisadas constantemente gracias a las múltiples cámaras de videovigilancia que se encontraban distribuidas por todas las estancias, incluso en las habitaciones donde atendían a los clientes, estando algunas de ellas escondidas y fuera de la vista de los asistentes.
