MUNICIPAL

El recibo del agua en Toledo subirá por incumplir un acuerdo de 2018 con la concesionaria del servicio

El Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Toledo ha instado a la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Toledo a revisar las tarifas del agua en la ciudad, tal y como marcaba sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local de junio del año 2014 y de agosto del 2018.

Europa Press | Onda Cero Toledo

Toledo | 18.09.2023 11:22

El recibo del agua en Toledo subirá por incumplir un acuerdo de 2018 con la concesionaria del servicio
El recibo del agua en Toledo subirá por incumplir un acuerdo de 2018 con la concesionaria del servicio | Europa Press

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal obliga así al Ayuntamiento a cumplir la sentencia tras la denuncia que recibió de Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA y Aguas de Castellón SA UTE Facsa-ADC (Tagus), de 17 de enero de 2023.

Esta sentencia estimaba en parte el recurso de Tagus contra la inactividad del Ayuntamiento de Toledo consistente en la no ejecución de estos acuerdos en relación con la obligación asumida de proceder a la revisión quinquenal de tarifas en el año 2019, sobre la base de los datos cerrados en el año 2018, para aplicar en el quinquenio 2020-2024, obligando al Consistorio toledano a cumplir los mismos para con ello proceder a la revisión extraordinaria quinquenal de tarifas (independientemente de las revisiones según IPC) que debió haberse realizado durante el año 2019 con los datos de consumos reales cerrados a 2018.

La sentencia da un plazo improrrogable de diez días al Ayuntamiento para ejecutar la sentencia, haciéndole saber que, en caso de incumplimiento y previo apercibimiento, se podrán adoptar las medidas necesarias para lograr su efectividad y se podrán imponer multas de entre 150 y 500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar.

También se podrá deducir, añade el texto, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

El Ayuntamiento podrá interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde el día siguiente a la notificación.

PSOE

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha pedido al alcalde, Carlos Velázquez, que no eluda sus responsabilidades "y defienda los intereses de todos los toledanos y todas las toledanas", al tiempo que ha recordado que el contrato del agua no es de la etapa anterior del Gobierno socialista sino del alcalde del PP José Manuel Molina "y la decisión de subir el recibo del agua será exclusivamente del actual alcalde Carlos Velázquez".

De la Cruz ha recordado que el contrato del Servicio de Abastecimiento de Agua fue rubricado por el Gobierno del PP, que recibió de la concesionaria 36 millones de euros "que han tenido que pagar los toledanos", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

En este contexto, "el Gobierno socialista, en los últimos cuatro años, no subió el recibo del agua por las dificultades que han sufrido los toledanos y las toledanas en este tiempo y gracias a la capacidad de llegar a acuerdos y ofrecer soluciones para garantizar el servicio de abastecimiento de agua sin subir las tasas".

La concejala socialista ha manifestado que "si el agua sube será porque lo apruebe el nuevo alcalde". "Con el PP ya sabemos que en campaña electoral anuncian bajada de impuestos y cuando gobierna hacen lo contrario: subir impuestos y crear más tasas", ha criticado.

De la Cruz ha aclarado que el auto del juzgado habla de una "revisión de precios al alta o a la baja" y ha recordado que una de las primeras decisiones de Carlos Velázquez en estos tres meses de legislatura fue subir el precio de los autobuses urbanos al no aplicar la rebaja del 50% de las ayudas del Gobierno de España.

Ayuntamiento

La concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Toledo, Loreto Molina, ha asegurado que el equipo de Gobierno toledano está estudiando con empresas y otras entidades que colaboran con el Ayuntamiento cómo aplicar el incremento de la tarifa del agua, tras los fallos judiciales de obligado cumplimiento que así lo determinan.

En declaraciones a los medios, la edil toledana, que ha asistido al Consejo Municipal de Políticas de Discapacidad, ha indicado que el equipo de Gobierno anterior no ejecutó la sentencia que le obligaba a revisar al alza el coste del agua en la ciudad, que había que haberse realizado con carácter quinquenal en el recibo del agua.

"Esa sentencia es del mes de enero. No se hizo nada desde enero a esta parte y ahora, en septiembre, hemos recibido un auto en el cual se nos obliga a llevarla a cabo obligatoriamente", ha indicado.

"Estamos viendo cómo encajamos esa revisión del estado de las facturas", ha insistido Molina que, preguntada por los medios, no ha sabido detallar a qué cantidad asciende ese incremento.

"Todavía estamos trabajando con Tagus. En el momento que lo tengamos, obviamente lo daremos a conocer", ha añadido.

De igual modo, y preguntada por los medios, ha reaccionado a las manifestaciones lanzadas desde el Grupo Socialista, desde donde han asegurado que el contrato del agua no es de la etapa anterior del Gobierno socialista sino del alcalde del PP José Manuel Molina "y la decisión de subir el recibo del agua será exclusivamente del actual alcalde Carlos Velázquez".

"Lo que vamos a hacer es ejecutar la sentencia que tenían que haber llevado a cabo ellos", les ha espetado la responsable de Obras, Servicios y Parques y Jardines de Toledo, que ha recordado a los ediles de la oposición que tendrían que haber realizado esa revisión al alza desde hace años para que ahora no repercuta en la ciudadanía de la ciudad.

Fedeto

Desde Fedeto, el secretario de la organización empresarial, Manuel Madruga ha asegurado que la del agua es una de las tasas que los empresas tienen que pagar y que más les "duele" porque, además no consiguen nunca que, por ejemplo, en el sector de la hostelería califiquen como industrial, algo que haría que el precio fuera "más bajo". Ha advertido que existía un acuerdo, estimando un crecimiento de la ciudad que no ha llegado, y ahora un juez dice que hay que actualizar las tarifas. Ha comparado esta situación con que la ciudad continúe sin POM desde 1986.