Recuerda Txema Fernández que este fue un compromiso del propio alcalde tras el pleno de septiembre del pasado año y que sin embargo “seguimos sin conocer dónde está este material en la ciudad de Toledo y sin tener un plan de retirada ni de protección de esos elementos”. En este sentido, incide Fernández en que el censo de los edificios municipales y públicos que no sean municipales “es un instrumento fundamental para conocer dónde está el peligro conviviendo con los vecinos y vecinas, pero sobre todo debe ser la herramienta útil que garantice la protección del entorno en materia de salud y de medio ambiente”.
Así, el portavoz de Izquierda Unida afea a Carlos Velázquez que públicamente reconociera que es una competencia del Ayuntamiento y asegurase, tal y como dijo, que lo iban a hacer y ocho meses después no “tengamos ninguna noticia al respecto”.
Fernández considera que el equipo de Gobierno debería haber puesto a disposición de los vecinos este censo de los lugares que tienen amianto, “si es que se pusieron a trabajar como prometieron”, en un formato accesible para todos así como el plan que también anunció para su retirada. “En este caso, la dejación de funciones de la Concejalía de Medio Ambiente perjudica gravemente la salud de los vecinos y vecinas de Toledo”, reprocha.
Obligados por Ley
Por otra parte, y más allá del compromiso verbal del alcalde, recuerda Txema Fernández que los ayuntamientos están obligados por ley a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. Un censo que según recoge la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, “debe estar hecho en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta norma”.
En dicho plazo también deberían presentar un calendario planificando de su retirada y ambos, censo y plan, “serán públicos y remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado”.
Por eso, el portavoz de Izquierda Unida defiende que “si el primer objetivo de cualquier política en materia de residuos es reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente, el censo de edificios, construcciones y solares con amianto, que debía estar hecho en 2023, es ya deberíamos conocer de forma precisa y que el gobierno local ya debería tener sin más demora”.
Y recuerda que el barrio del Polígono es una zona afectada por vertidos antiguos de fábricas que cerraron sus puertas hace muchos años pero que “hoy siguen conviviendo con ingentes cantidades aún por retirar y otras solo tapadas y destapadas con cada episodio meteorológico adverso”.
