Modificaciones para ajustar los convenios firmados entre el Consistorio y las empresas que prestan ciertos servicios, como Aqualia, o para restablecer la tasa de basura y por el uso del dominio público, que afecta sobre todo a las terrazas de bares y restaurantes. En estos dos últimos casos, a partir del 1 de enero de 2022 las empresas volverán a pagar estas tasas, una vez superada la situación excepcional por la que se aprobaron, las medidas restrictivas que supuso la pandemia de la COVID-19.
Los portavoces de los grupos políticos con representación municipal han expresado sus diferencias, en opinión de VOX y Partido Popular al menos se debería haber contemplado una reducción de las tasas para los colectivos empresariales más afectados. Como han afirmado sus portavoces, Lola Gómez de VOX y Cándida Tercero del PP.
Mientras que el portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Delgado, ha defendido la decisión del Gobierno municipal, una vez que estos negocios han retomado su actividad.
Sí hubo acuerdo en la aprobación de una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para familias numerosas en situación vulnerable de hasta un 80%, aunque para el PP se trate de un número mínimo de beneficiarios.
Hubo también discrepancias sobre el acuerdo para desistir del procedimiento de adjudicación del contrato de concesión del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros. Con independencia del objeto concreto del punto, Podemos Equo e Izquierda Unida han mostrado su desacuerdo con la privatización del servicio.
Aunque el portavoz del Equipo de Gobierno ha insistido en que se trata de ‘gestión indirecta’ y ha pedido a los grupos políticos en la oposición que sean rigurosos y empleen los términos correctos, con independencia de sus opiniones.
Por su parte, Partido Popular ha afirmado que esto pone de manifiesto que se trata procedimiento mal hecho que perjudica a los ciudadanos y a las empresas y sus trabajadores, aunque sea mejor una anulación que la posibilidad de tener que rescindirlo después y que tuviera consecuencias legales.
