El Gobierno de Castilla y León obligará a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido del feto, ver una ecografía 4D o recibir atención psicológica. Es una iniciativa de Vox, acordada con el PP, para evitar los abortos en la comunidad como parte del plan que definen "provida".
Según publica El País, la coalición que gobierna la Junta -formada por PP y Vox- pactó en su acuerdo llevar a cabo medidas para promover la natalidad y apoyar a las familias.
El líder regional de Vox y vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, anunció este jueves dichas medidas después del Consejo de Gobierno.
La nueva normativa obligará a los sanitarios a ofrecer a la mujer "tres posibilidades: escuchar el latido fetal, el respaldo psicológico y la ecografía 4D del feto". No obstante, según el vicepresidente, "no se la va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere".
Oleada de indignación
El anuncio del Ejecutivo autonómico ha provocado indignación y una cascada de reacciones políticas. Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad calificó de "coacción" la medida y manifestó su "profunda preocupación" por una iniciativa que consideran "un retroceso" en un "derecho esencial para las mujeres, el derecho al aborto, que es un hito en la lucha feminista de nuestro país".
Las mismas fuentes denunciaron que "las medidas propuestas por el señor Gallardo podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz".
Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, tachó de "ataque intolerable" a los derechos de las mujeres la medida y acusó a la Junta de meter a la comunidad en el "túnel del tiempo" y volver a los "años del NO-DO".
El socialista aseguró que la Junta pretende coaccionar con esta medida a las mujeres que quieren abortar, "dificultando su derecho a interrumpir el embarazo", cuando el verdadero problema es que "solo dos hospitales públicos de la Comunidad practican abortos".
Añadió además que el 97% de las mujeres en Castilla y León tienen que ejercer su derecho a la interrupción del embarazo fuera de su hospital de referencia y de su provincia o en la privada: "Quieren trasladar la idea de que las mujeres que quieren abortar tienen un problema de salud mental".
Asimismo, el socialista negó que existiese un problema con los médicos objetores de conciencia, como indicó en la presentación del protocolo el vicepresidente de la Junta.
Castilla y León matiza el protocolo
La Consejería de Sanidad de Castilla y León -dirigida por el PP- ha matizado las medidas sanitarias para la atención a los embarazos y ha asegurado que "el protocolo va a seguir igual".
Fuentes de la Consejería han indicado a EFE que no se obligará a los médicos a ofrecer una ecografía entre la sexta y la novena semana para que la embarazada escuche el latido fetal ni tampoco una ecografía 4D si no es por sospecha de alguna anomalía, dos medidas que el vicepresidente anunció como recursos para disuadir de abortar.
El protocolo seguirá como hasta ahora, con la primera ecografía a las 12 semanas. Y las ecografías 4D solo se harán, si lo decide el facultativo por la sospecha de alguna anomalía, en el cuarto trimestre, han asegurado desde la Consejería de Sanidad.
En cuanto al refuerzo de la atención psicológica para las embarazadas, Sanidad ha explicado que esto ya existe en el protocolo actual: "Tanto a las mujeres que desean continuar con su embarazo como a las que quieren interrumpirlo se les ofrecen todos los recursos sanitarios disponibles, entre ellos el psicólogo clínico, el trabajador social y la matrona", han indicado.
