En la última sesión del juicio, el fiscal ha cerrado su intervención con la reclamación de que este letrado "justifique de manera adecuada" lo ocurrido porque, ha advertido, en caso de que no pueda hacerlo habrá incurrido en un delito.
"Su ausencia sin ninguna justificación obligó a suspender el juicio y a mí no me basta con una simple disculpa. Es necesaria una justificación al jurado, al fiscal, a León y a toda España que seguía con expectación este juicio", ha apostillado el fiscal.
Guerrero, que representa a la agente de policía local Raquel Gago en el juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, no asistió al juicio el 27 de enero y, tanto su ausencia como la imposibilidad de contactar por ningún medio con él, levantó una gran alarma.
Fue registrada la vivienda en la que duerme durante los días del juicio y decenas de policías locales lo estuvieron buscando por toda la ciudad hasta que pudo ser localizado a primera hora de la tarde.
Tras ser localizado en una céntrica calle de León por una patrulla de la Policía Local, el letrado fue trasladado a Comisaría, donde declaró que su desaparición había sido voluntaria y se debía exclusivamente a "motivos personales imprevistos" y ajenos a su voluntad". También negó que la ausencia se debiera a ninguna estrategia legal ya que "no beneficiaría en nada" a su patrocinada.
Al día siguiente, tras la reanudación de la vista oral, el abogado pidió perdón en la sala y dijo que había dado las pertinentes explicaciones al presidente del tribunal y a su defendida, quien mantuvo su confianza en el letrado.
Guerrero tendrá que ofrecer esas explicaciones por escrito en una pieza independiente de la causa para determinar si ha incurrido en alguno de los delitos recogidos por la ley para estos casos.
El abogado se enfrenta a una difícil situación si las causas que originaron su ausencia de la vista no están lo suficientemente justificadas.
Si no estuviera argumentada, el Colegio de Abogados de León le abriría un expediente sancionador y se daría traslado del mismo al Colegio Oficial de Abogados de Murcia y, dependiendo de la medida, incluso al resto de colegios de España.
