La presidenta provincial Ángeles Armisén junto con los parlamentarios regionales en las Cortes de Castilla y León, Mercedes Cófreces y Juan Jesús Blanco han dado a conocer los detalles y medidas del pacto por las familias y personas vulnerables de Castilla y León.
Un pacto social que, según destacan los populares, es fruto del trabajo y la voluntad de diálogo del presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, con las más de 40 entidades del tercer sector. “A diferencia de lo que ocurre en el gobierno de Sánchez, las medidas que lleva a cabo el PP no son un peaje. No se basan en las barreras ideológicas, sino en su efectividad”, asegura Armisén.
Desde las filas populares aseguran que con este pacto se blinda la protección a las familias más vulnerables y también a todas las personas de clase media que pueden atravesar momentos de dificultad debido a la inflación, a las subidas del IVA o al incremento del coste de la cesta de la compra “debido a las nefastas políticas llevadas a cabo por el Gobierno desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa”.
Destacan que, al contrario que el PSOE que solo busca mantenerse en el poder, el PP trabaja por y para los palentinos y castellanos y leoneses, y así lo demuestran todas y cada una de las medidas puestas en marcha por el presidente Alfonso Fernandez Mañueco. “Un compromiso firme con las familias de Castilla y León porque son el corazón de la sociedad y el motor del futuro”.
La presidenta provincial también ha hecho hincapié en que el PP cree en una política de “transparencia, participación y de cumplimiento de la palabra dada”. Mientras que frente a esto está el gobierno de Sánchez que “emplea a los españoles como rehenes; y, lo que es peor, deja que sus socios empleen a los españoles para que el rehén sea el propio Pedro Sánchez”.
Un pacto social que contiene 56 medidas que se agrupan en cinco grandes bloques: ingresos suficientes para un vida digna, inclusión residencial, educación como garantía de igualdad de oportunidades, empleo para la inclusión y cooperación entre administraciones y tercer sector y por último, herramientas de interoperabilidad.
Algunas de las medidas que contiene el pacto son:
Dentro del ámbito de empleo, trabajar en un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía que incentive a las personas que reciben otras ayudas a buscar de forma activa un trabajo y a escolarizar a sus hijos.
Vincular las convocatorias de ayudas de la Junta para personas o familias vulnerables a que participen en el programa de apoyos y búsqueda activa de empleo y a que garanticen la escolarización de sus hijos.
El pacto también recoge la tramitación de una nueva petición al Gobierno de España para que transfiera a la Junta de Castillo y León la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque según destacan los populares, Castilla y León está entre los mejores en materia de servicios sociales y se puede mejorar aún más su gestión.
Además, el texto busca avanzar en la Historia Social Única para una atención personalizada y una mejor coordinación, distribución y seguimiento de las ayudas, servicios y prestaciones de las administraciones públicas.
Por ello, la Historia Social permitirá, tanto a los usuarios como a los profesionales, acceder al conjunto de prestaciones que percibe de cara a su mejor coordinación e individualización.
Se pondrá en marcha un servicio de apoyo a la integración sociolaboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia.
El pacto también busca garantizar las ayudas al alquiler a todas las familias con ingresos entre 0,5 y 3 veces el IPREM, y mejorarlas con un criterio de progresividad para que las familias con renta menor reciban más ayuda.
El Partido Popular en la Junta de Castilla y León junto con las entidades del Tercer Sector apuestan también por la educación, asegurando a las familias vulnerables la gratuidad de los libros de texto, el comedor escolar y el programa Madrugadores.
Además, se impulsará el refuerzo educativo y la reducción del absentismo escolar, porque según aseguran los populares “la Educación es el mejor ascensor social”.
Otra de las medidas que contempla el pacto social es aumentar los itinerarios de inserción para encontrar un empleo y la coordinación entre los servicios sociales, educativos, de empleo, tercer sector y empresas, para mejorar la eficacia de la integración laboral.
Por otra parte, las actuaciones que se van a desarrollar este año 2025 se encuentran la puesta en marcha de un grupo de trabajo cuyo objetivo es la modificación de la regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía para lograr la activación social de las personas en situación de vulnerabilidad social.
También se potenciarán los servicios y programas que se realizan desde las administraciones y entidades del tercer sector para asesorar, informar y orientar a las personas en el acceso a las prestaciones y ayudas del sistema de Servicios Sociales. Otra de las actuaciones es la puesta en marcha de un servicio de apoyo a la integración sociolaboral de menores y jóvenes que provienen del sistema de protección a la infancia.
La incorporación de criterios de progresividad en favor de las rentas más bajas en la convocatoria de ayudas al alquiler de 2025.
Como una de las prioridades y preocupaciones del Partido Popular en materia de vivienda, la Junta pondrá en marcha un nuevo programa de vivienda en alquiler denominado Programa Emprendedores, para dotar con vivienda pública en alquiler a zonas rurales con una dinámica industrial o de servicios importante y que pueda verse frenada por la falta de viviendas.
Se realizará con la colaboración de las entidades del Tercer Sector, un primer conteo autonómico de personas sin hogar aplicando metodologías estandarizadas. Así mismo, se fomentará el empleo de personas vulnerables en empresas de inserción a través de líneas de ayuda a las empresas que contraten personas en situación o riesgo de exclusión social.
También, dentro de la cooperación entre administraciones y tercer sector, se realizará una jornada dirigida a los miembros de la Red de Protección para informar sobre los recursos disponibles para personas en situación de vulnerabilidad. Por todo ello, dicho pacto social consolida logros como la educación infantil gratuita de 0 a 3 años, la mejora de las ayudas de emergencia o los abonos de urgencia social y, también, busca dar un paso más y continuar apoyando a las familias más vulnerables con actuaciones que mejoren y garanticen sus derechos más vitales.
