En un comunicado enviado a los medios de comunicación, Ecologistas en Acción traslada que en el mes de mayo, agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León hallaron el cadáver de un ejemplar de lobo ibérico en la localidad de Añoza, término municipal de Valle de Retortillo, en un coto privado de caza. Después de levantar acta del hallazgo enviaron los restos al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Burgos.
Tras realizar la necropsia se determinó que se trataba de un lobo ibérico de en torno a los dos años de edad con abundante presencia de entomofauna, lo que permitió estimar la fecha de la muerte entre 20 días y 2 meses antes de la fecha del hallazgo. Destaca el informe que tras el estudio radiológico se hallaron estructuras metálicas compatibles con las esquirlas que se producen tras un disparo con rifle al fragmentarse la bala tras impactar en el ejemplar, es por ello que el diagnóstico presuntivo indica que la muerte del ejemplar fue por disparo de rifle.
La asociación conservacionista asegura que “la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) ha generado un intenso debate con reacciones hostiles hacia esta medida que ponen de manifiesto cómo ha sido históricamente la situación del lobo en nuestra comunidad y que a pesar de dicha protección hay determinados sectores que siguen tomándose la justicia por su mano como demuestra la muerte de este ejemplar. Cuando y como se puede, el lobo sigue siendo disparado”.
Consideran que “la situación poblacional del lobo no es tan favorable como opinan los sectores que abogan por su control, e incluso su erradicación, apoyados en argumentos subjetivos poco rigurosos y alejados de la ciencia. Todo apoyado desde la Junta de Castilla y León que sigue en el empeño de conseguir controles selectivos aun cuando todo parece indicar que los daños han disminuido o al menos no se han incrementado desde la inclusión de la especie en el Listado. Se está elaborando el censo decenal de la especie en Castilla y León, censo que nunca ha contado con la transparencia adecuada ni con una metodología rigurosa y objetiva a tenor de los resultados sobredimensionados de los grupos familiares y que en este caso y con más motivo puede verse influenciado en busca de presionar en favor de la caza del lobo”.
Por último finaliza el comunicado asegurando que “el negocio de la caza es irrenunciable, demasiado dinero. Mientras tanto, la Junta sigue sin pagar daños, esperando a ver si las presiones consiguen volver a la caza como única herramienta que consideran válida en lugar de cumplir con sus obligaciones. El coto implicado sin sanciones y los que siguen disparando a la especie despreciando totalmente el estado de derecho”.
