(ICAL) El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Empleo e Industria, un conjunto de subvenciones por valor de 3,6 millones de euros, destinadas a crear 360 puestos de trabajo en las cuencas mineras de León y Palencia.
La ayuda permitirá a los ayuntamientos beneficiarios financiar parte de los costes salariales y de seguridad social derivados de la contratación de personas inscritas como desempleados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la realización de obras y servicios de interés general y social. De este modo, además de favorecer la creación de empleo, las subvenciones permitirán a las entidades locales mejorar espacios públicos y servicios de su competencia.
En concreto, las subvenciones servirán para financiar un importe máximo de 10.000 euros por trabajador facilitando la contratación de unos 360 trabajadores durante un periodo de 180 días. Los contratos laborales deben dirigirse preferentemente a los desempleados excedentes del sector de la minería y en su ausencia, a los jóvenes menores de 35 años sin cualificación, parados de larga duración, desempleados mayores de 45 años, mujeres desempleadas, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, inmigrantes, emigrantes retornados y refugiados o asilados y otras minorías étnicas.
La asignación de las subvenciones entre los municipios se realiza a partir de una cuantía fija de 50.000 euros por cada entidad local y otra variable que se determina de forma proporcional al número de desempleados. Además, la Junta de Castilla y León anticipará el 50 por ciento del importe comprometido para facilitar la gestión del programa en un momento de dificultades económicas para el conjunto de las administraciones públicas debido a la emergencia generada por el COVID-19.
Estas ayudas forman parte de las medidas incluidas en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León que persigue favorecer la diversificación de la actividad productiva en las cuencas mineras de la Comunidad, de manera que, tras el fin de la minería del carbón, estos territorios tengan alternativas para su desarrollo económico y social y puedan fijar población
