Durante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, la portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, defendió una proposición no de ley, que no pudo ser aprobada por los únicos votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, para pedir al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del que depende la Confederación Hidrográfica, que mantenga los criterios que ya había acordado con Castilla y León respecto al cauce aparente.
Subraya que la Confederación ha venido utilizando hasta ahora el criterio del cauce aparente para determinar la distancia entre el agua y las plantaciones choperas, pero en 2019 decidió modificar este criterio y utilizar el de dominio público hidráulico cartográfico probable, lo que provoca la expropiación de terrenos a Ayuntamientos y particulares e impide la producción de chopos.
Exige que se apliquen los mismos criterios que en el resto de cuencas hidrográficas, los mismos que se vienen aplicando desde mediados del siglo XX. “No entendemos el cambio de criterio injustificado, diferente al del resto de cuencas, y dramáticamente perjudicial para el medio ambiente y el medio rural”, asevera Marcos, quien denuncia que “estos cambios no se han sustentado en ningún tipo de informes técnicos”.
Advierte de que con este cambio de las reglas de juego a mitad del partido, solo en la cuenca del río Carrión, se perderían 15.620 hectáreas de chopos - el 48% del total-, 5 millones de euros de actividad económica y 500 puestos de trabajo.
Destaca que Castilla y León es la región española más relevante en la producción de chopos –gran sumidero de CO2-, más de 44.000 hectáreas de estos árboles que producen anualmente 532.000 metros cúbicos de madera por valor de 32 millones de euros y que generan 14.500 empleos en más de 220 pequeños municipios.
Resalta que la iniciativa del GPP se presenta en el Congreso de los Diputados tras la aprobación en los Ayuntamientos de 220 municipios de la zona de mociones en defensa de las plantaciones choperas.
