La nueva Ley de educación, con un primer trámite en el Congreso pasado en la tarde de ayer, nace débil, sin consenso y profundamente ideologizada. Así lo han defendido los populares palentinos en un encuentro telemático celebrado en la tarde de ayer con representantes de centros docentes y profesionales de la educación en la provincia. Una reunión coincidente en el tiempo con la aprobación de la Ley Orgánica en el Congreso por tan sólo un voto por encima de la mayoría necesaria.
Este hecho, según Pablo Ruz, Senador por Alicante y Portavoz de educación en la Cámara Alta, evidencia la falta de consenso de una ley educativa que debería llevar la marca de un gran Pacto de Estado.
En su lugar, se ha tramitado una ley de este calado de manera exprés -comenzó su andadura en pleno primer estado de alarma-; copiando exactamente el texto que el PSOE presentó en 2019; sin consultar a la comunidad educativa; y empleando la negociación de la norma pensando más en realizar concesiones para aprobar los Presupuestos que en mejorar el sistema educativo.
Ángeles Armisén resume el texto al afirmar que “la única sigla que se ha caído del proyecto de ley es la “C” de calidad”. Señala que se trata de una norma muy ideologizada, que no afronta los retos de la digitalización o el trilingüismo, y que acaba con la libertad de los padres para elegir.
Ataque a la enseñanza concertada y a la educación especial:
La norma aprobada ayer sólo recoge el derecho a la educación pública, restringiendo el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Carta Magna. Para Pablo Ruz, “es un aspecto flagrantemente anticonstitucional”, al atentar contra el derecho a elegir de las familias y eliminar el concepto de demanda social, que fundamenta que los padres puedan llevar a sus hijos a un colegio concertado.
Para Ruz, el modelo dual pública-concertada es una garantía de libertad y de pluralidad educativa. El Senador recordó que la convivencia de la educación concertada fue introducida por el PSOE en 1985, siguiendo las recomendaciones de la ONU y el modelo francés para garantizar una pluralidad educativa que ahora niega el Gobierno de Sánchez: “son conscientes de que los centros educativos con ideario propio son los únicos espacios a los que no llega su proyecto ideológico y por eso los quieren cerrar”.
Por otro lado, introdujo otro de los aspectos más dolorosos de la ley: la eliminación de facto de los centros de educación especial, de los que dependen 35.000 alumnos que, en muchos casos, no pueden adaptarse a los centros ordinarios.
