El Partido Popular de Palencia ha ofrecido una rueda de prensa para valorar "los intentos del Gobierno de Sánchez e Iglesias para quedarse con los ahorros de las corporaciones locales".
El Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, plantea un modelo por el que Ayuntamientos y Diputaciones cedan sus remanentes de tesorería al Gobierno de la Nación durante un periodo de entre 10 y 15 años. En la práctica, las Corporaciones que acepten este proyecto deberán comprometer sus ahorros a 15 años, ya que las operaciones de menor duración están sujetas a un tipo de interés negativo (mínimo un -0,195%), por lo que deberán pagar por prestar sus ahorros. Sólo en las operaciones a 15 años se alcanza una remuneración residual que se sitúa en el entorno del 0,05%.
Esta cesión de los remanentes es la única vía para acceder a un Fondo de ayudas del Gobierno de 5.000 millones. Afirman que este fondo está doblemente condicionado: por un lado, porque exige la entrega de los ahorros de la Corporación para ser beneficiario; y, por otro, porque el destino de estos fondos debe dirigirse a los conceptos fijados por el Gobierno. Esto penaliza al medio rural, porque entre los usos contemplados no está la mejora de la conexión y de la conectividad en el territorio.
Apuntan a que genera una gran desigualdad entre municipios, creando Ayuntamientos de primera y de segunda. Así, no podrán acceder a esta financiación las entidades que no entreguen todos sus ahorros y, lo que es más grave, tampoco aquellas Corporaciones que no tengan remanentes o que cuenten con una situación financiera vulnerable.
El Ejecutivo plantea esta opción como la única vía para que el mundo local pueda gastar sus remanentes. Una postura rechazada por los populares ya que, en el marco de la FEMP, se adoptó un acuerdo unánime para exigir al Gobierno de España la liberalización del uso de los remanentes y del superávit, para poder plantear políticas en el ámbito territorial de cada entidad: iniciativas que revierten en el bienestar de los ciudadanos de los municipios.
Este acuerdo unánime también contemplaba la solicitud al Gobierno de un fondo de 5.000 millones de euros para las administraciones locales, con carácter incondicionado. Además, el Partido Popular recuerda que, hasta este momento, el Ejecutivo de la Nación no ha destinado ni un solo euro de financiación adicional a las entidades locales para afrontar la emergencia del COVID-19. Unas acciones que contrastan con los más de 90 millones de euros entregados por la Junta de Castilla y León en sus dos fondos extraordinarios.
El PP afirma que en lugar de apostar por los acuerdos unánimes en la FEMP, el Grupo Socialista en esa Institución presentó el pasado 3 de agosto el actual modelo contemplado en el Real Decreto-ley 27/2020. Una prueba del poco consenso que existe en torno a esta propuesta viene dado porque salió adelante únicamente con los votos del PSOE -incluido el voto de calidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero-, mientras que el resto de los partidos se abstuvieron o votaron en contra.
Para los populares, "todo ello genera gran incertidumbre entre las Corporaciones Locales". En primer lugar, porque se trata de una norma pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados, con una votación más que incierta, en la que los populares votarán en contra. Incluso han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta disposición.
En segundo lugar, porque supone que los Ayuntamientos y Diputaciones se pronuncien antes del 15 de septiembre sobre la cesión de sus ahorros. Mientras tanto, el Gobierno tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 para exigir su entrega, siendo en ese momento cuando el Ejecutivo comunique las condiciones exactas de cada préstamo.
En tercer lugar, por no tener en cuenta la situación extraordinaria en la que nos encontramos. En un año marcado por la pandemia del COVID-19, la recaudación de las entidades locales va a experimentar una reducción drástica, por lo que los remanentes desempeñan un papel fundamental para garantizar la estabilidad presupuestaria.
En consecuencia, los populares hacen un llamamiento al Gobierno para que rectifique. Para que articule las modificaciones normativas para que las Corporaciones Locales puedan disponer directa y libremente de sus remanentes, sin recurrir a operaciones de préstamo que comprometan los recursos hasta el año 2037.
