La fiscalización del Consejo de Cuentas sobre las medidas de ahorro energético adoptadas por determinados municipios de Castilla y León pone de manifiesto que todas las capitales de provincia mayores de 50.000 habitantes cumplen la elaboración y tramitación de planes de movilidad urbana sostenible, si bien no todas incluían, a finales de 2023, todas las medidas de la Ley /2021 de cambio climático y transición energética, como el establecimiento de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Así, solo los planes de los ayuntamientos de Burgos, Palencia y Valladolid incluían a la finalización del informe todas las medidas de la Ley, mientras que el resto de las entidades no había previsto en el plan el establecimiento de una Zona de Bajas Emisiones y, por tanto, tampoco habían integrado los planes específicos de electrificación de última milla (movilidad eléctrica) con dichas zonas.
El informe entregado a las Cortes de Castilla y León subraya también que se cumple, con carácter general, con la obligación de publicación en los portales de transparencia de los planes relacionados con el ahorro y la eficiencia energética.
En el apartado de recomendaciones, el Consejo señala que los ayuntamientos de Miranda de Ebro, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Segovia, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo deberían elaborar y aprobar una herramienta de planificación general en materia de ahorro y eficiencia energética, como puede ser el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), de forma que a través de este se encaucen sus actuaciones. En esta línea, el Ayuntamiento de Ávila debería aprobar el plan que ya tiene elaborado.
Este plan debería elaborarse con los agentes sociales y económicos e incluir una fase de diagnóstico que analice el contexto físico y geográfico del municipio. El trabajo divulgado hoy se trata de una fiscalización operativa realizada en colaboración con el Tribunal de Cuentas centrada en los procedimientos y actuaciones realizados por las entidades locales para la planificación y el control de las políticas de ahorro y eficiencia energética. Para ello, se analizó la situación existente a 30 de junio de 2023, sin perjuicio del examen de algunas actuaciones llevadas a cabo posteriormente.
La fiscalización tiene además un componente de cumplimiento de la legalidad para verificar si la planificación estratégica incorpora las obligaciones estipuladas por las principales normas sobre el ahorro y la eficiencia energética, y también para comprobar si son atendidas las obligaciones de transparencia.
El examen global de la actuación planificadora recayó sobre las 9 diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad, totalizando 25 entidades. Por otra parte, sobre las capitales de provincia de más de 50.000 habitantes que disponen de instrumentos de planificación, se examinó su contenido, procedimientos de elaboración, seguimiento y monitoreo, comprobándose el cumplimiento de la normativa en materia de eficiencia energética y de transparencia.
El marco de la política energética y climática en España está determinado por la UE, que a su vez responde a los requerimientos de los tratados internacionales para dar una respuesta global y coordinada al reto de la crisis climática. Así, la Ley de cambio climático y transición energética tiene por objeto facilitar la descarbonización de la economía, su transición a un modelo circular que garantice el uso racional y solidario de los recursos promoviendo la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible.
La Administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales deben dar cumplimiento al objeto de esta Ley en el ámbito de sus competencias.
Con relación a la planificación en ahorro y eficiencia energética, todas las capitales de provincia, a excepción de Segovia, están adheridas al movimiento europeo del Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía, y en virtud de ello aprobaron un plan de acción general en materia de ahorro y eficiencia energética.
Los ayuntamientos de Segovia, Miranda de Ebro, Ponferrada, Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda han acreditado haber adoptado medidas relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, si bien no enmarcadas en un plan. Además, todos los ayuntamientos menos Zamora y Medina del Campo se adhieren a programas de ámbito regional, estatal o internacional.
Las diputaciones, con carácter general, no están adheridas a ningún tipo de pacto por el clima y la energía, aunque algunas como las de Burgos, Palencia, Salamanca y Segovia, cuentan con instrumentos de planificación general en esta materia y la de Ávila cuenta con una agencia específica.
En cuanto a los Planes de Acción para el Clima y la Energía (PACES), Burgos, León, Salamanca y Zamora se incorporaron al nuevo Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía tras la celebración en 2015 de la Conferencia Internacional del Cambio Climático (Acuerdo de París), cuyo objetivo es una reducción de emisiones de CO2 superior al 40% para el año 2023 con referencia a 2005, y aprobaron un PACES. Los ayuntamientos de Ávila, Palencia y Valladolid ya se encontraban adheridos al Pacto con anterioridad, por lo que contaban con un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), sustituido actualmente por un PACES, aunque en el caso de Ávila se encontraba pendiente de aprobación a la fecha del informe.
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) es la principal iniciativa con la que están comprometidos 4 ayuntamientos: León, Palencia, Salamanca y Valladolid. Aunque no es obligatoria su inclusión, se verificó que los Planes de los ayuntamientos de León, Palencia y Zamora recogen la estrategia para posibles riesgos de acontecimientos climáticos extremos.
Entre las capitales de provincia de más de 50.000 habitantes, Ávila, Palencia, Salamanca y Valladolid han aprobado un Plan de Agenda Local Urbana 2030, no constando que lo hayan hecho Burgos, León, Segovia y Zamora. En cuanto a la planificación parcial o sectorial, las 8 capitales de provincia mayores de 50.000 h. elaboraron antes de finalizar 2023 un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), conforme a lo previsto en la Ley, y los ayuntamientos de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora ya habían aprobado un plan con anterioridad a esta norma. Burgos, por su parte, cuenta con una ordenanza aprobada sobre ahorro y eficiencia energética en materia de movilidad.
Respecto del seguimiento y evaluación de los planes, todos los PACES, a excepción del de Salamanca, prevén un modelo de seguimiento y evaluación, utilizando para ello indicadores de ejecución y resultados de las distintas acciones. En cuanto a los Inventarios de Seguimiento de Emisiones (ISE) solo disponen de este los ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid.
No obstante, tan solo consta que el de Valladolid ha finalizado el informe de seguimiento, que resume anualmente los resultados de los principales indicadores. Los de Burgos y León tienen los informes en elaboración y para el de Palencia aún no ha llegado el plazo.
Por su parte, con relación a los PMUS, solo los ayuntamientos de Burgos, Salamanca y Segovia han elaborado informes para conocer el cumplimiento de los objetivos definidos.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 7 de los 8 ayuntamientos de más de 50.000 h. cuentan con un acceso al portal de transparencia desde la web de la entidad, donde, con carácter general, pueden verse publicados los planes relacionados con el ahorro y la eficiencia energéticas. No obstante, no se publican los respectivos PACES de los ayuntamientos de León y Salamanca ni los PMUS de los de Ávila y León.
