La sentencia absuelve al que fuera presidente de la entidad, Atilano Soto, al director general Manuel Escribano, junto con los directivos Manuel Agudíez, Elena García Gil, Enrique Quintanilla y Antonio Tapias por el delito de apropiación indebida y administración desleal. El montante total de las prejubilaciones ascendía a 17 millones de euros.
La sentencia ha sido valorada negativamente por Alberto López Villa, elabogado de Izquierda Unida que ejercía la acusación particular, y que ha anunciado a los micrófonos de Onda Cero que presentarán recurso.