El Consejo de Garantías Estatutarias ha dictaminado este jueves que el fondo creado por el Govern para avalar a los ex altos cargos encausados por promocionar el procés en el exterior, a los que el Tribunal de Cuentas les reclama una fianza de 5,4 millones de euros, se ajusta al Estatut y a la Constitución, pero recomienda modificar varios preceptos del decreto ley para "disipar" dudas.
El órgano consultivo de la Generalitat ha emitido el dictamen que pidieron PSC, PPC y Cs sobre la legalidad del decreto que regula el fondo, que en su disposición transitoria estipula que mientras no se encuentre una entidad bancaria que se haga cargo, la gestión del fondo la asumirá "provisionalmente" el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Modificación del papel del ICF
El Consejo de Garantías, órgano que vela por la adecuación de las leyes catalanas al marco legal vigente, considera que el Govern debería modificar la disposición que regula el papel del ICF, el artículo que hace referencia al depósito del aval y el que se refiere a la obligación de retorno.
El CGE, que ha acordado sus conclusiones por unanimidad, aconseja modificar estos artículos con la finalidad de mejorar la calidad normativa del decreto y "despejar de forma expresa determinadas dudas que suscita el redactado actual".
La disposición transitoria es la que especifica que el ICF se encargará de la gestión provisional del fondo mientras no se constituya una entidad gestora o se encomiende su gestión a una entidad ya existente, y establece que la entidad gestora podrá otorgar garantía mediante "cualquier medio admitido en derecho sin prejuicio que sea substituida posteriormente".
El órgano aclara que al ICF se le pueden añadir nuevas funciones siempre que se preserve "el principio de jerarquía normativa", algo que puede hacer el Govern con el decreto aprobado ya que tiene el rango legal para ello.
El Tribunal de Cuentas, que ha impuesto una fianza de 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat, solicitó el pasado martes un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales del ICF para cubrir las fianzas, ante las "dudas" legales que le suscitaba esta operación.
