Poco menos de un mes antes de las trascendentales elecciones en Cataluña, los procesos judiciales en torno al 'procés' siguen su curso, con una Ley de Amnistía todavía en trámite.
Una compensación menor a la estimada en un principio
Este martes, la Fiscalía ha comunicado al Tribunal de Cuentas su postura con respecto a los delitos de malversación cometidos por Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y otros 31 líderes independentistas relacionados con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La Fiscalía ha transmitido al Tribunal de Cuentas que los líderes soberanistas deberían abonar a las cuentas públicas 3,1 millones de euros, en compensación por los fondos desviados para organizar el 'procés'. Finalmente, esta cantidad es menor a los 3,4 millones de euros solicitados por la Fiscalía en un inicio.
El Tribunal de Cuentas, encargado de estudiar el desvío de fondos, establecerá ahora un plazo para que cada una de las defensas establezcan sus posturas. Cabe destacar que esta condena de malversación, emitida por el Tribunal Supremo en 2019, es susceptible de ser amnistiada si la polémica norma es finalmente promulgada, pues se considera que estos desvíos no se realizaron con propósitos de enriquecimiento personal.
Desvíos perpetrados en 2017
Manuel Martín Granizo, fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, ha incluido en su escrito que los pagos investigados "sin la adecuada justificación" con el objetivo de costear "la organización del referéndum de autodeterminación que tendría lugar el 1 de octubre de 2017".
Para respaldar su postura, Martín Granizo hace referencia a un acuerdo alcanzado por el Govern el 7 de septiembre de 2017 en el que se autorizó "la utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la celebración del referéndum".
El papel de Puigdemont y Junqueras
En concreto, la Fiscalía considera a Carles Puigdemont - president de la Generalitat en el momento de los hechos- y a Oriol Junqueras responsables contables del desvío de fondos públicos del Gobierno catalán.
Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, por otro lado, son señalados por la Fiscalía como "responsables del total de lo malversado". El ministerio público hace referencia a al fallo de la sentencia del Tribunal Supremo "que les condena por un delito de malversación agravada por la deslealtad que representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al servicio de una estrategia incontrolada de gasto público al servicio del referéndum ilegal".
