El gobierno central tiene la intención de conceder a las comunidades de vecinos la posibilidad de vetar pisos turísticos. Es una de las medidas que el ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez tiene contemplado aplicar para regular los pisos turísticos que tanto impacto están teniendo en el país, especialmente en las dos grandes ciudades del estado, Madrid y Barcelona. Esta medida la confirmó durante una entrevista la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodriguez.
Tarde pero bien
En declaraciones a 'La Ciutat', la portavoz de la plataforma 'Sindicat de Llogateres' Carme Arcarazo ha dejado claro que desde la plataforma "celebramos que la ministra se pronuncie sobre uno de los temas urgentes que tiene la ciudadanía, porque lleva muchos meses desaparecida. Nos encontramos con una crisis de vivienda sin precedentes y desde que se aprobó la Ley de Vivienda parece que sólo escuchaba y negociaba con las plataformas immobiliarias. Está bien que muestren preocupación con los pisos turísticos, pero en el tema de los pisos turísticos la competencia no es estatal. Está bien que entren a mirar cómo lo están haciendo las comunidades, pero a nivel estatal se podría haber hecho algo más en otras competencias, en aspectos que ellos sí que pueden influir para tener un impacto".
La letra pequeña
Y es que, según Arcarazo, hay una 'letra pequeña' en todas estas intenciones del gobierno central: "Lo que nos hemos encontrado en los últimos años es con un creimiento sin precedentes del alquiler de temporada, que son contratos de corta duración, que son como mucho a un año y que permiten alquilar pisos sin cumplir la regulación de precios. Estamos viendo que en grandes eventos como la Copa America estos alquileres están disparados. Son pisos turísticos encubiertos, y aquí el gobierno sí que tiene algo que decir, porque son contratos basura para alquilar un año en lugar de cinco. Está bien que se critique el turismo masificado de puertas afuera pero hay que aplicar medidas que es posible aplicar", reclama Arcarazo. Toda esta situación, apunta la portavoz del Sindicat de Llogateres, está provocando "una fuga del alquiler convencional para dar lugar a estos alquileres basura".
Carme Arcarazo recuerda que "comunidades como Catalunya ya han aprobado decretos contra los pisos turísticos, pero lo que se tiene que limitar es el alquiler de temporada, que es un subterfugio para evitar las regulaciones. Ahora que están habiendo estas manifestaciones están sintiendo la presión contra el turismo, pero tienen que actuar ya, y de hecho ya van tarde, porque no se puede actuar cuando el problema ya es muy grave como ahora".
Desregulación y precariedad
Arcarazo ve claro que "se ha llegado a la situación porque no hay regulación. Aquí hay dos temas, uno de ellos el promover un modelo económico que no funciona, porque nos encontramos con un sector turístico descontrolado, en el sentido de que si por un lado se factura gracias al turismo, los puestos de trabajo que rodean al sector son los más precarios. En esta industria se cobra la mitad de la media, así que los puestos que se generan son precarios".
Por otro lado, "la proliferación de plataformas como AirBnB supone un desvío de pisos que podrían ser para residentes de la ciudad para pasar a ser del sector turístico. Aquí hay una falta de regulación importante y hay que prohibirlo, no podemos decir que falta oferta de vivienda, que tenemos que construir mas, mientras hay muchísimos pisos que se pueden dedicar a los residentes. Esto también comporta un colapso del transporte público, desplazamiento de la gente de aquí, precios en restauración etc..." reflexiona Arcarazo.
Collboni: Una de cal y una de arena
Hace unos días el alcalde de Barcelona Jaume Collboni se comprometía a acabar con los pisos turísticos en la ciudad (hay más de 10.000), un compromiso que desde el Sindicat de Llogateres ven con buenos ojos pero "llega demasiado tarde. El Ayuntamiento de Barcelona lo puede hacer porque la Generalitat aprobó una ley que permitía deshacer licencias turísticas, así que no es nada extraordinario. Hace bien poco cualquier persona podía convertir su piso en un mini hotel por 250 euros. Ahora tenemos pisos que tenían licencia y con este decreto se deshacen estas licencias. Está bien que el Ayuntamiento diga que utilizará esta herramienta, y aunque llega tarde al menos llega". Eso sí, para la portavoz de la plataforma "el tema está en por qué se anunció ese día. Collboni anunció que basta de pisos turísticos pero también anunció su intención de modificar la ley del 30%, que es una norma pionera que contó con el apoyo de entidades sociales y que dice que de cualquier nueva promoción de vivienda, el 30% de los pisos tienen que estar protegidos por un precio de mercado ajustado. Teniendo en cuenta que ciudades como Barcelona pueden crecer muy poco, esta norma era interesante porque los inversores privados tenían que comprometerse a dar este 30%, y Collboni quiere acabar con esta ley", denuncia Arcarazo.
