El Govern catalán ha aprobado un decreto ley que fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.
Patricia Plaja, portavoz del Govern, lo ha anunciado en rueda de prensa después de que el Ejecutivo catalán se reuniese de forma extraordinaria para aprobar este decreto el día antes de que finalice el plazo del TSJC para aplicar la sentencia.
El decreto también atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir "la responsabilidad sobre la legalidad" de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.
La intención inicial del Govern era que antes de aprobar este decreto el Parlament diera luz verde a la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que pactaron el PSC, ERC, Junts y los comuns, y que quedara aprobada esta doble respuesta a la sentencia del 25% antes del plazo fijado por el TSJC.
Sin embargo, la petición de Vox, Ciudadanos y el PP de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha retrasado la aprobación de la ley del catalán en el Parlament y el Govern ha decidido anticiparse e impulsar el decreto antes de finalizar el plazo del TSJC.
Así, una vez aprobado en el Consell Executiu extraordinario el decreto ley será plenamente válido cuando lo publique el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) como muy tarde la medianoche de este lunes, y ha asegurado que este martes la Generalitat dará las instrucciones "muy claras y con muy poco margen de duda" a los centros educativos para aplicarlo.
Plaja ha destacado que este decreto permite salir del "callejón sin salida" que considera que supone la sentencia del 25% de castellano, y al ser preguntada por si cree que deja sin efecto esta sentencia, ha contestado que esta nueva norma da respuesta a esta decisión judicial y protege el modelo de escuela catalana. "Habrá que ver si esta judicialización no tiene fin y esto va a otras instancias", ha añadido, y ha recalcado que el decreto tiene toda la validez jurídica y da cobertura a los centros educativos.
La portavoz ha argumentado que con este decreto ahora hay un nuevo marco normativo que "fija cuáles son los criterios y los límites de la escuela catalana", y considera que se garantizará que las decisiones judiciales no afecten al funcionamiento de la enseñanza en Cataluña. Sobre qué apoyos prevén en el Parlament para convalidar el decreto, la portavoz del Ejecutivo ha afirmado que ya están trabajando para lograr estos votos y ha defendido que es un buen decreto, por lo que cree que se podrá validar "sin problemas".
