Los cuatro están acusados de los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada. En el auto de procesamiento, el juez instructor observa “indicios suficientemente sólidos de una concertación” entre Laura Borràs y su amigo Isaías H., que era el principal beneficiado de los contratos, para defraudar a la ILC.
Ambos habían acordado que Isaías H. presentara varios presupuestos simulando que pertenecían a empresas diferentes “en los que el arbitrariamente elegido debía procurar que las condiciones por él ofrecidas fuesen simuladamente las más beneficiosas para la administración, con el fin de asegurarse la adjudicación”. Con este sistema, se evidencia, según el juez, “una ilegalidad contundente y manifiesta” con la que Isaías H. consiguió más de 300 mil euros en 18 contratos con ILC entre 2013 y 2017.
Hacer este "trapi"
Estas conclusiones se desprenden de la intervención de las conversaciones telefónicas, mensajes y correos electrónicos que se intercambiaron los acusados. En una de ellas, Isaías H. admite que “se me hace extraño y complicado tener que hacer todo este trapi... ya sé que es lo que hay pero ponte en mi lugar, tener que enredar a varias parsonas para que me hagan facturas de 3 kilos”.
Es el segundo procesamiento
Una vez el juez ha cerrado la instrucción y ha acordado el procesamiento de los acordados, la fiscalía tiene 10 días para presentar escrito de acusación o solicitar el sobreseimiento de la causa. La defensa también puede presentar un recurso de apelación ante el propio TSJC.
De hecho, es la segunda vez que procesan a Borràs y al resto de acusados por la misma causa. Sin embargo, la defensa de la presidenta del Parlament recurrió el auto y consiguió que se reabriera la investigación para dar más tiempo a sus abogados para estudiar la causa y proponer nuevas diligencias. De nuevo, Borràs está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados y perder su cargo en el Parlament.
