La militancia de ERC, compuesta por más de 8.500 afiliados, decidirá este viernes en una consulta telemática si avala o no el preacuerdo cerrado por la dirección del partido con el PSC para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa.
La aversión que el PSC genera entre las bases republicanas se añade a cuatro batacazos electorales consecutivos, la división en la cúpula de la organización y la polémica por los carteles denigratorios contra los hermanos Maragall, una suma de factores que dejan en el aire que los militantes avalen lo acordado.
La pregunta que deberán responder los militantes -con un sí, un no o una abstención- es la siguiente: "¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?".
El apartado de mayor calado del preacuerdo entre socialistas y republicanos es el que prevé que Gobierno central y Generalitat concreten el nuevo sistema de financiación "singular" para Cataluña en una comisión bilateral prevista para el primer semestre de 2025.
El documento no usa el término "concierto económico", si bien ERC defiende que lo pactado puede definirse así, y sí hace referencia a acometer "las modificaciones que correspondan de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA)" para alcanzar este nuevo modelo, lo que requeriría de que así lo avale una mayoría de diputados en el Congreso.
Cataluña asumiría de forma "progresiva" la gestión, recaudación, liquidación, inspección y la disponibilidad de "todos los impuestos soportados en Cataluña". Además de abonar mediante un sistema similar al 'cupo' una cantidad a determinar por los servicios que presta el Estado en la comunidad, Cataluña acometería un aporte a la "solidaridad" con el resto de autonomías limitado "por el principio de ordinalidad".
Mas allá de la carpeta de la financiación, el preacuerdo incluye medidas en el ámbito del conflicto político, del impulso social del idioma catalán y de infraestructuras como el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Pese a la eventual luz verde de las bases al texto, un último escollo puede complicar el futuro de Illa: Jovent Republicà, organización juvenil vinculada a ERC, no garantiza que su diputada, Mar Besses, vaya a votar que 'sí' a la investidura. Estas juventudes acabarán de decidir su posición en un consejo nacional aún sin fecha.
