La Diputación Permanente del Parlament ha convocado para mañana jueves a las diez de la mañana el pleno de investidura de Illa, que tiene asegurados los votos de ERC y los comunes para ser elegido presidente.
Como es habitual, los Mossos d'Esquadra establecerán un amplio dispositivo de seguridad en que blindarán los accesos al Parlament, situado en el Parc de la Ciutadella, para garantizar la seguridad de la sesión parlamentaria, que Junts ya ha anunciado que pedirá que quede en suspenso si Puigdemont es detenido.
Los Mossos se desplegarán por los alrededores del Parlament, donde Vox ya ha convocado para mañana a las 09.30 horas una concentración y algunas entidades independentistas también planean manifestarse en contra de la investidura de Illa.
Según fuentes policiales consultadas por EFE, el dispositivo que se ha diseñado es parecido al de otras sesiones de investidura, con la presencia de agentes de distintas unidades de los Mossos, entre ellos los antidisturbios, la canina y el subsuelo.
De hecho, en la fallida investidura de Puigdemont de enero de 2018, tras las primeras elecciones catalanas una vez superada la etapa del 155, ya hubo incidentes cuando un grupo de independentistas desbordó el cordón policial para protestar contra la decisión de la cámara de no celebrar el pleno porque el líder de Junts se encontraba ya en el extranjero.
Los cinco condenados por estos disturbios, a los que la justicia impuso penas de entre cinco meses y un año de cárcel por arremeter con violencia contra el cordón policial, fueron de los primeros en beneficiarse de la ley de amnistía, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les aplicó la ley del olvido penal el pasado 25 de junio.
En los alrededores del Parlament ya se pueden ver hoy varias vallas listas para ser distribuidas para perimetrar los accesos.
Puigdemont ya ha anunciado su vuelta a España
Puigdemont ha anunciado su intención de acudir a la sesión de investidura del Parlament -como prometió en campaña electoral-, aunque ello suponga su detención, ya que tiene vigente una orden nacional de arresto por parte del Supremo, que ha rechazado amnistiarle por el delito de malversación por los gastos del 1-O.
En caso de que Puigdemont fuese detenido, tendría que ser trasladado al juzgado de guardia del partido judicial en que se haya llevado a cabo el arresto, donde se comunicaría al Tribunal Supremo que se habría ejecutado la orden nacional de detención que pesa sobre él.
En este escenario, la defensa de Puigdemont podría optar por plantear un "habeas corpus" para que la detención quedase sin efecto al considerarla ilegal, por lo que el juez tendría que resolver esta petición.
Si se rechazara el "habeas corpus", sería el instructor del Supremo, Pablo Llarena, quien tendría que decidir si las fuerzas de seguridad deberían trasladar a Puigdemont a Madrid, para celebrar una vista para decidir si le envía a prisión, por ejemplo por riesgo de fuga, si alguna de las partes personadas lo solicita -Vox ya anunciado que lo haría-.
