Una organización criminal china ha sido desmantelada por los mossos d'esquadra esta semana. Esta mafia tenía retenidos a diez conciudadanos esclavizados para el tráfico de marihuana desde hacía año y medio en una nave industrial en condiciones lamentables.
El aislamiento era tal que los liberados desconcían la crisis sanitaria fruto del coronavirus. Uno de ellos, se percató de las mascarillas al salir de la nave y preguntó a los agentes por qué la llevaban.
'Operación Long'
El operativo policial, conocido bajo el nombre de 'Operación Long', llevaba cosechando datos desde 2019 y la policía catalana seguía de cerca los tratos comerciales de la mafia china con la droga, cultivada por esclavos para su venta en el extranjero.
Los mossos habían realizado 13 entradas y registros el pasado 25 de mayo en cuatro naves industriales en las localidades de Centelles, Abrera, Santa Coloma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca y en algunos domicilios de Barcelona, Badalona y algunos municipios más. Ya se detuvo también a 65 personas el pasado abril en una fábrica de cannabis.
Aparte de pasaportes y documentos presuntamente utilizados para escapar de la policía, los agentes incautaron un total de más de 5.500 plantas de cannabis, 60 kilogramos de cogollos y 42.600 euros en efectivo. También destaparon sus movimientos en los últimos meses: 50 paquetes enviados que contenían 450 kilogramos de marihuana, algunos interceptados por la policías española y la británica.
Engañados y esclavizados
La mafia engañaban a paisanos chinos habitantes de las zonas más humildes con la idea de una vida mejor, aprovechándose de su vulnerabilidad y obligándoles a trabajar para ellos para saldar la deuda que habían contraído al ayudarles. La deuda exigida oscilaba entre los 10.000 y 30.000 euros.
Las diez personas encontradas eran coaccionadas y maltratadas para que no se movieran de los zulos donde los retenían, apiñados en el suelo rodeados de suciedad.
Detención por los mossos
Han sido detenidas ocho personas, un capo y sus ayudantes, de los cuales cuatro ya han ingresado en prisión mientras se les investiga por delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, trata de seres humanos, falsedad documental y fraude del fluido eléctrico. Se estima que habrían conseguido beneficios de 6 millones de euros mediante estos delitos.
