La medida se ejecutará en 72 municipios con una fuerte demanda de vivienda social que colaboran con la Agencia de la Vivienda de Cataluña en un programa para detectar pisos vacíos.
En una primera fase, el Govern ha decidió aplicar la ley en 14 localidades: Cornellà, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú.
“El objetivo es que viva gente en los pisos”
La Generalitat tiene registrados 189 pisos vacíos propiedad de bancos o fondos de inversión que provienen de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago. El ejecutivo catalán afirma que los pequeños propietarios quedan excluidos de la ley.
El consejero de Territorio, Juli Fernández, ha argumentado que “el objetivo es que viva gente en los pisos vacíos”. Todos los inmuebles irán destinados a alquiler social para personas en situación de vulnerabilidad.
La Generalitat “usa todas las herramientas a su alcance para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen respuestas”, ha explicado Fernández.
Proceso de expropiación
Las viviendas que pueden ser expropiadas son aquellas que consten en el registro de inmuebles vacíos de manera injustificada durante dos años.
Después de hacer las comprobaciones pertinentes, el Departamento de Territorio enviará un requerimiento a los grandes propietarios para que acrediten que el inmueble no está desocupado. Si en el plazo de un mes, demuestra que el piso está habitado o en el mercado de alquiler, el expediente se cerrara.
En caso contrario, los trámites de expropiación seguirán adelante. Aun así, la norma prevé un período de tres meses para llegar a un acuerdo de compraventa con la Generalitat, o bien, un acordar un precio para que la vivienda entre en el mercado de alquiler social.
Una vez superado los tres meses, el gobierno catalán hará efectiva la expropiación de la propiedad por la vía de urgencia y -posteriormente- se cerrará un precio de compra.
El Govern destinará inicialmente 5 millones
El Ejecutivo catalán, mediante el Incasol, destinará cinco millones de euros para esta primera fase. El Departamento de Territorio calcula que adquirirá entre 50 y 70 pisos a principios de 2024.
