El Ayuntamiento de Barcelona ha multado por primera vez al propietario de un piso que había fijado un precio de alquiler por encima de lo que marca la ley catalana de la vivienda que regula los precios previos de alquiler.
El arrendatario pedía a los inquilinos 1.200 euros al mes cuando el anterior contrato era de 950 euros. Por lo que según la normativa actual, si en los últimos cinco años ya había un contrato, el importe del nuevo debe congelarse.
Los tres compañeros de piso empezaron a vivir en el inmueble en diciembre de 2020, cuando la ley de contención de arrendamientos ya estaba vigente, y meses más tarde comprobaron que el propietario de la vivienda había incrementado el precio del alquiler respecto al anterior contrato, una práctica prohibida por la ley, excepto en casos específicos y justificados, explicó el Sindicato de Inquilinos, al que están afiliados los arrendatarios.
Pagaban 250 euros más
En concreto, tras consultarlo en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), los inquilinos descubrieron que el contrato anterior era de 950 euros, en lugar de los 1.200 que ellos estaban pagando, es decir 250 euros menos, por lo que decidieron denunciar los hechos al consistorio. "El Ayuntamiento nos dio la razón, pero nosotros seguíamos pagando un alquiler ilegal", explicó Ramon Casas, uno de los inquilinos.
Por ello, exigieron al propietario que les bajara el alquiler al precio que marca la regulación, en este caso el del anterior contrato, tal y como avala la sanción administrativa del Ayuntamiento. "Nos pusimos en contacto con la propiedad y les reclamamos que ajustaran el precio del alquiler a la legalidad, diciéndoles que dejaríamos de pagar la diferencia. Pero nunca han querido reunirse y todo lo que nos han ofrecido es que nos marchemos del piso si no nos gusta el precio", añadió Casas.
Ante esta situación, los afectados decidieron tomar medidas legales y presentaron una demanda contra la propiedad para que les devuelva las cantidades que les ha cobrado de más durante los últimos meses. Además, desde agosto han reducido la renta que pagar hasta los 950 euros que establece la regulación.
Este incumplimiento tiene una sanción de entre 9.000 a 90.000 euros
El Ayuntamiento ha cerrado el expediente con una sanción de 9.000 euros para el propietario, una sanción que Casas considera "ridícula" porque es la cantidad mínima prevista en la le, pudieron llegar hasta los 90.000 euros y "no impide que la propiedad siga infringiendo la ley".
Más allá de la multa por el alquiler abusivo, los afectados ha denunciado que la propiedad ha cometido otras irregularidades, como fingir que era una persona física, cuando realmente es una empresa, para cobrarles los honorarios, que ascendían a 1.600 euros.
Los inquilinos lograron que la propiedad les devolviera el importe, dado que, según el real decreto 7/2019 aprobado en febrero de 2019 por el Gobierno central, los honorarios deben pagarlos los arrendadores cuando la propiedad corresponde a una persona jurídica. Desde el consistorio han confirmado que se trata de la primera sanción interpuesta a un propietario y han indicado que hay otro expediente incoado y distintos en estudio.
Se han abierto 337 expedientes por anuncios
Según datos de la Administración catalana, en septiembre de este año se han abierto 337 expedientes, la gran mayoría por el incumplimiento por parte de los anunciantes que no incluían el precio del índice de referencia de la Generalitat ni del contrato anterior junto al de su oferta.
Entre ellos, tienen expedientes abiertos los cinco grandes portales inmobiliarios: Idealista, Habitaclia, Pisos.com, Fotocasa y Yaencontré. En su caso, se enfrentan a una sanción por infracción leve por no incluir los precios de referencia de la Generalitat en sus anuncios en la web.
